En la madrugada de este domingo, un convoy de cinco vehículos oficiales se desplazaba por la sierra Tarahumara, una vasta zona montañosa del estado mexicano de Chihuahua famosa por su accidentada geografía y la presencia del crimen organizado.
Venían de desmantelar seis sofisticados laboratorios del narco localizados a través de sobrevuelos con drones en un operativo que contó con un centenar de funcionarios, uno de los éxitos más importantes en años de la fiscalía y la policía chihuahuenses.
En una zona de barrancas y bosque, el primero de los autos en la caravana parece haberse accidentado: derrapó, cayó por un barranco y explotó.
Cuatro personas murieron: el director local de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, su escolta, Manuel Méndez, y dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) -según revelaron los diarios Washington Post y The New York Times- cuyos nombres no divulgaron.
Tampoco el gobierno de EE.UU. y la CIA han dado a conocer los nombres ni confirmado si los dos hombres trabajaban para la agencia de inteligencia.
Aunque no es la primera vez que ocurre, la muerte de funcionarios estadounidenses en territorio mexicano genera preguntas de gran envergadura: ¿ha México cedido parte de su soberanía al permitir que operen acá? ¿Está Estados Unidos desmantelando laboratorios en México, como quiere Donald Trump? ¿Acaso la "colaboración" que mencionan las autoridades mexicanas es más profunda de lo que suelen admitir?
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, suele negar que las autoridades estadounidenses participen físicamente de los operativos en México.
"Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente", dijo el martes. "Tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional".
Sheinbaum insiste, casi a diario, en que México está dispuesto a colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el narco, con la condición de que la soberanía mexicana —es decir, la Ley de Seguridad Nacional— se respete.
Pero durante décadas los mandatarios mexicanos han negado lo que para muchos expertos es evidencia: agentes estadounidenses operan en México con o sin aval de las autoridades.
David Saucedo, consultor en Seguridad, dice que la presencia de agentes estadounidenses en México está documentada hace décadas. Pero agrega que la diferencia ahora es que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a hacerlo con menos método y más alarde.
"Desde hace tiempo hay operaciones encubiertas de agentes de dependencias de seguridad de Estados Unidos: del FBI, la CIA, la DEA y la Homeland Security, algunas con conocimiento de México y otras no".
"Participan en geolocalización, detención de narcotraficantes, están armados, realizan tareas de investigación criminal y labor policiaca que en teoría no podrían realizar".
"Pueden hacer una labor de asesoría o aportación de datos, pero en teoría no tendrían facultades para realizar arrestos, decomisos o para portar armas; sin embargo, esto ocurre desde hace décadas en México", señala el experto.
En febrero, el ejército mexicano mató a uno de los narcos más buscados del mundo —el líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, conocido como "El Mencho"— en un operativo que, según las autoridades de ambos países, contó con información crucial de inteligencia proporcionada por Estados Unidos.
Esos datos provinieron de la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel, una unidad del Comando Norte del Ejército de EE. UU. creada por Trump para combatir a los carteles, ahora considerados terroristas, que supuestamente amenazan a Estados Unidos.
En la guerra contra las drogas Washington suele contar con información sensible que las autoridades mexicanas no tienen, en especial aquella divulgada por los capos presos allá, como, por ejemplo, Joaquín "el Chapo" Guzmán o Ismael "el Mayo" Zambada.
Trump ha retirado su interés de que el ejército haga incursiones en México, pero dice respetar la condición de Sheinbaum —en una constante y difícil negociación comercial, migratoria y, claro, de seguridad— de colaborar sin intervenir.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, primero dijo que los funcionarios estadounidenses no fueron parte del operativo, sino que estaban dando capacitación en drones en la zona y habían sido recogidos por el convoy como quien da un aventón a un colega.
Luego, sin embargo, admitió que sí eran parte de la operación, lo que suscitó la duda de Sheinbaum al decir que "la fiscalía cambió su declaración".
"No hubo una operación conjunta en tierra con agencias estadounidenses; el trabajo fue de apoyo técnico y capacitación", insistió.
La discrepancia entre las autoridades locales y federales, sobre todo viniendo de un estado gobernado por la oposición a Sheinbaum, suscita la pregunta de si hay gobiernos regionales que hablan y colaboran con Washington sin consultar a la presidenta.
Sheinbaum, de hecho, dijo que no sabía de la presencia de los agentes en Chihuahua.
Y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, dejó la pregunta abierta: "Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades".
"Es frecuente que estas colaboraciones se manejen de manera encubierta —dice Saucedo—, no solo porque alguien las pueda interrumpir sino, sobre todo, por la penetración de los carteles en las instituciones mexicanas y el miedo de que haya filtración de datos".
Para Sheinbaum, este es un nuevo episodio de un viejo dilema, no solo para ella, sino para cualquier gobernante mexicano: cómo sortear el recurrente intervencionismo de Estados Unidos sin dar la impresión de que se está sacrificando la soberanía.
En 1985 se dio el caso más sonado de una larga sucesión de hechos que ponen de manifiesto el dilema: el asesinato en México de Kiki Camarena, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), provocó una operación de represalia estadounidense en territorio mexicano sin autorización del gobierno que incluyó el secuestro —o arresto, según como se vea— de uno de los responsables para llevarlo a juicio en Estados Unidos.
Pero la tensión viene de antes: desde que Estados Unidos le quitó una vasta porción de territorio a mediados del siglo XIX, México desarrolló una ambivalente política exterior que se jacta de rechazar el intervencionismo al tiempo que colabora con otros países para darle manejo a los intereses de Washington.
Los gobernantes mexicanos suelen declararse nacionalistas, pero una parte central de su trabajo es al menos contemplar los deseos del gobierno de turno al norte de la frontera.
Sheinbaum, hasta ahora, ha logrado darles a los mexicanos la impresión de que es más lo que ha reforzado el papel de México que lo que ha cedido. Pero ese equilibrismo se pone en riesgo cada día, sobre todo mientras sea Donald Trump con quien tenga que lidiar. Mañana, probablemente, será otra cosa.