La propuesta busca establecer por primera vez en la Constitución local que el incremento de los precios de alquiler no supere el índice inflacionario, convirtiendo a la capital en pionera mundial en fijar límites constitucionales al crecimiento de las rentas.
Ante un panorama donde dos de cada tres jóvenes rentan y los precios han aumentado más del 30 por ciento en los últimos cuatro años, la reforma obliga al Gobierno a articular una política masiva de vivienda social y a implementar acciones directas contra la gentrificación.
El proyecto reconoce el "Derecho al Arraigo Vecinal y Comunitario" y propone la creación de una institución pública especializada en la mediación y defensa de los derechos y obligaciones de la relación inquilinaria para proteger a ambas partes.
Ciudad de México, a 22 de marzo de 2026. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó este día una iniciativa de reforma constitucional en materia de rentas justas, razonables y asequibles, la cual constituye el primer paso de una ruta legislativa integral para garantizar el derecho a la vivienda y combatir el fenómeno de la gentrificación en la capital. La mandataria señaló que esta decisión estratégica busca elevar a rango constitucional la protección jurídica de los habitantes que rentan, con el fin de hacer de la urbe un lugar más habitable.
Al respecto, la Jefa de Gobierno afirmó: “Respondemos a un sentir social profundo, a una legítima exigencia de grandes mayorías sociales” . Recordó que este proceso de escucha y reflexión colectiva comenzó el año pasado con la presentación del "Bando Uno: Por una ciudad habitable, asequible y con arraigo comunitario", integrando pluralidad de voces y miradas ciudadanas para enfrentar una crisis global que priva a más de 3 mil millones de personas de una vivienda adecuada en las grandes ciudades.
Los datos estadísticos proporcionados durante la conferencia subrayan la urgencia de la medida: en la Ciudad de México, dos millones de personas (uno de cada cuatro capitalinos) habitan en viviendas rentadas, cifra que aumentó en 135 mil personas entre 2010 y 2020. Además, el precio de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, impactando severamente a la población juvenil, donde solo uno de cada diez cuenta con vivienda propia. Brugada Molina enfatizó que “esta reforma y la próxima ley son producto de una reflexión colectiva y de pluralidad de voces y miradas propuestas por la ciudadanía”.
La reforma constitucional se estructura en cuatro puntos fundamentales que servirán de base para la posterior Ley de Rentas Justas:
Impedir que los aumentos anuales de renta superen el valor de la inflación.
Obligación gubernamental de incrementar significativamente la oferta de vivienda social y asequible.
Creación de una institución pública para la promoción y defensa de las relaciones inquilinarias.
Reconocimiento constitucional del derecho al arraigo vecinal, cultural y económico.
La Jefa de Gobierno hizo un respetuoso llamado al Congreso de la Ciudad de México para iniciar el proceso legislativo, con la expectativa de que tanto la reforma constitucional como la ley secundaria sean discutidas y aprobadas en el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre. Finalmente, la mandataria sentenció: “Hoy damos un paso histórico para que habitar esta ciudad sea un derecho y no un privilegio”