México vive un momento económico que, en el papel, parece prometedor. La relocalización de cadenas productivas ha colocado al país en el radar global como una alternativa viable para la manufactura. Sin embargo, esta narrativa optimista suele simplificarse en exceso, no basta con la cercanía geográfica con Estados Unidos, ni con el T-MEC para garantizar un crecimiento sostenido. Debemos identificar las fallas sistemáticas y anticipar los riesgos que éstas implican, de lo contrario, las oportunidades actuales podrían desaparecer pronto.
Uno de los desafíos más críticos en México es la inseguridad. La violencia no es solo un tema de los noticieros, sino un costo operativo real. En un país donde la extorsión, la seguridad en las carreteras, el robo de mercancías o el derecho de piso son problemas cotidianos, las empresas se ven obligadas a gastar en prevención para poder operar. Según la encuesta ENVE del Inegi cada negocio destina, en promedio, 54,000 pesos anuales en medidas de protección, cifra que en las empresas grandes supera 1.3 millones de pesos. Ninguna inversión es atractiva y sostenible cuando se debe priorizar el gasto en seguridad por encima de tecnología o innovación.
A esto se le suma una fragilidad fiscal innegable. La deuda total del país alcanzó un récord de 52.6% del PIB y el presupuesto se destina a proyectos con rentabilidad limitada y con poca visión hacia el futuro.
Si bien el gobierno ha planteado el llamado Plan México como una hoja de ruta para impulsar la infraestructura, persisten dudas relevantes sobre su ejecución, tiempos y fuentes de financiamiento. La diferencia entre tener un plan y poder implementarlo es, hoy, uno de los principales riesgos. Por ejemplo, Pemex, donde se invierte 1.5% del PIB anual para sostener una infraestructura ineficiente, o Dos Bocas, que costó más del doble de lo planeado y no alcanza ni 30% de su capacidad. Mientras tanto, la brecha entre la inversión que el país necesita y la que efectivamente se materializa sigue creciendo.
Por otra parte, la poca certeza jurídica de las recientes reformas al Poder Judicial y la eliminación de organismos autónomos han alterado las reglas del juego para el capital privado. Sin tribunales independientes que garanticen el cumplimiento de contratos y protejan contra decisiones arbitrarias, el Riesgo País se eleva. El capital no se establece donde hay dudas, se mueve hacia mercados que ofrecen estabilidad y un Estado de derecho sólido.
Finalmente, el riesgo más silencioso es el mercado laboral. Nuestra competitividad se ha basado en ser la mano de obra barata de Norteamérica, pero esa ventaja tiene fecha de caducidad. Estados Unidos está acelerando la robotización de su sector manufacturero, lo que reduce significativamente los costos de producción y acerca las fábricas al consumidor final. En ese escenario, la ventaja de costos laborales en México deja de ser determinante. Si producir con robots en Estados Unidos se vuelve igual o más eficiente que hacerlo con mano de obra en México, el incentivo para relocalizar operaciones se debilita. Esto deja como única ventaja sostenible la calidad técnica y el nivel educativo de los trabajadores, áreas en las que el país sigue rezagado frente a sus competidores globales.
Debemos empezar a construir competitividad real mediante el fortalecimiento del Estado de derecho, la modernización de la infraestructura energética y la inversión en capital humano especializado. Solo bajo estas condiciones lograremos capturar las oportunidades presentes y abrir el camino hacia el futuro. Es momento de decidir si vamos a construir los cimientos que nos faltan ahora, o simplemente seremos testigos de cómo nuestra gran oportunidad se muda a otro lado.
* Director general de BanCoppel y Servicios Financieros Coppel