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Santiago, Chile. El Congreso de Chile aprobó el martes una ley para agilizar las expulsiones de inmigrantes irregulares, que incluye medidas como permitir a la policía, previa orden judicial, ingresar a un domicilio para aprehender a personas con una orden de salida del país.
El proyecto fue ingresado originalmente por el exmandatario izquierdista Gabriel Boric en 2024 y fue reimpulsado por la administración del ultraderechista José Antonio Kast, que ganó el poder en marzo.
El abogado de 60 años tuvo como una de sus principales banderas de campaña la expulsión de más de 330,000 migrantes en situación irregular que se estima viven en Chile.
De acuerdo con un comunicado del Senado, con la nueva ley la policía podrá solicitar a un juez una autorización "para ingresar a un domicilio con el único fin de aprehender a una persona que cuente con una orden de expulsión del país".
Las autoridades también podrán pedir a organismos públicos información de personas indocumentadas para notificarles sobre sus órdenes de expulsión.
La iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos específicos, además de mecanismos que permiten la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular que se enfrenten a determinados procesos penales, siempre que existe autorización del tribunal.
Promesa a medias
Aunque Kast ha reafirmado su intención de combatir la inmigración irregular, a la que asocia con un aumento de la criminalidad, sus resultados han sido limitados.
En sus primeros seis meses de gobierno, apenas ha expulsado a unas 1,800 personas, en su mayoría colombianos, peruanos, ecuatorianos y bolivianos.
Sin embargo, la mayoría de los indocumentados que se encuentran en Chile son venezolanos.
El silencio de las relaciones con Venezuela fue un obstáculo para la política migratoria de Kast. Si bien Chile acordó normalizar las relaciones con ese país en julio, esto no se ha visto reflejado en la expulsión de ciudadanos de esa nacionalidad.
En el Congreso se encuentra actualmente en debate un proyecto de ley, impulsado por el ultraderechista Kast, para tipificar la migración irregular como delito.