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Más de 30 años después de la muerte de Cristina Brítez Arce, la mujer que sufrió violencia obstétrica en la Maternidad Sardá con un embarazo de más de 40 semanas, el Gobierno oficializó la sentencia impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pagará una multa de más de 200.000 dólares a los dos hijos de la víctima en concepto de indemnización.
El Decreto 1255/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, formalizó la sentencia del 16 de noviembre de 2022 que había ordenado el pago de US$234.000 en concepto de gastos por tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y reintegro de costas y gastos.
De esta forma, se dispuso el pago a los dos hijos de Brítez Arce, Ezequiel Martín y Vanina Verónica Avaro. Si bien la publicación especificaba que el desembolso debía realizarse en el plazo de un año a partir del 18 de enero de 2023, no aclara que se haya concretado ni que la totalidad de las restantes medidas ordenadas por la Corte Interamericana se encuentren cumplidas.
El decreto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial
En junio de 1992, Brítez Arce se acercó al centro de salud porteño con más de 40 semanas de embarazo y afirmó que sentía molestias. Fue internada y recibió el diagnóstico de feto muerto, por lo que los médicos decidieron inducir el parto. La mujer de 38 años, sin embargo, murió unas horas después.
Luego de investigaciones iniciadas tras el fallecimiento, se descubrió que los obstetras no habrían tenido en cuenta su hipertensión ni su brusco aumento de peso (10 kilos en menos de 30 días), lo que le provocó las convulsiones que sufrió luego del parto.
A su vez, se comprobó que el número de la historia clínica había sido adulterado para ocultar lo sucedido. De esta forma, los datos mostraron que ocho monitoreos que se le practicaron en la Maternidad Sardá a lo largo de la gestación arrojaban sufrimiento fetal por hipoxia (falta de oxígeno) y que la realización de tantos monitoreos mostraba que los obstetras sabían que estaban atendiendo a una paciente de riesgo, por lo que era preciso internarla mucho antes del parto.
En una de las causas se procesó a dos de los obstetras y en otra se acusó de falso peritaje a los forenses Carlos Fernando Poggi (hijo del ex decano del Cuerpo Médico Forense Víctor Poggi) y Florencio Casavilla, ambos pertenecientes al Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Argentina.
De esta forma, el caso "Brítez Arce y otros vs. Argentina" llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2001 y fue elevado a la Corte Interamericana en 2021. El 16 de noviembre de 2022, el Tribunal declaró responsable a la República Argentina por la violación de los derechos a la vida, a la integridad y a la salud en perjuicio de la mujer. También consideró que se habían violado los derechos a la integridad personal, en perjuicio de sus hijos menores de edad al momento de los hechos.
La Maternidad Sardá, en donde murió la mujer de 38 años - Créditos: @Alejandro Guyot
En su sentencia, la Corte determinó que Brítez Arce no obtuvo el tratamiento médico que requería en función de su embarazo y sus factores de riesgo, ni contó con información completa sobre las posibles alternativas de tratamiento y sus implicaciones.
Por otra parte, el Tribunal consideró positivo que la Argentina haya reconocido su responsabilidad internacional en el caso, lo cual contribuyó al desarrollo del proceso y "a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas".
El decreto fue oficializado con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; su par de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.