Ciudad de México, 6 may (EFE).- La defensa del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, acusado y señalado como presunto actor intelectual, solicitó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que el caso por el ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos regrese a Oaxaca, al sur de México.
El caso se remonta a 2019, cuando Ríos fue víctima de un ataque con ácido que le provocó graves lesiones.
Desde entonces, el proceso judicial ha avanzado entre distintas instancias sin que se haya dictado una sentencia definitiva.
La agresión se convirtió en un referente en México para visibilizar este tipo de delitos e impulsó reformas legales conocidas como “Ley Malena”, enfocadas en reconocer y sancionar los ataques con sustancias corrosivas, así como en garantizar atención integral a las víctimas.
En un acto frente a la SCJN, el abogado de Vera Carrizal, Edgar López, aseguró que ya existen resoluciones judiciales que favorecen a su cliente, pero que fueron revertidas mediante recursos irregulares, lo que impidió cerrar el caso y escaló el asunto hasta el Máximo Tribunal de justicia.
En una carta remitida este miércoles al ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, Vera Carrizal sostuvo que el proceso se utilizó con fines políticos y que existen intereses económicos alrededor del expediente, luego de que Ríos pidiera una reparación de 87 millones de pesos (unos 4,8 millones de dólares).
La defensa pidió que el proceso regrese a tribunales locales en Oaxaca, donde ocurrió la agresión, y afirmó que el expediente lleva cerca de dos años sin avances en su etapa actual.
En una carta dirigida al presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, Vera Carrizal sostuvo que el caso ha sido utilizado con fines políticos y señaló que existen disputas en torno a la reparación del daño solicitada por la víctima.
El caso generó amplia atención pública en México, donde María Elena Ríos se convirtió en una de las principales voces contra los ataques con ácido y ha denunciado en diversas ocasiones obstáculos en el acceso a la justicia.
En enero de 2025, la activista protestó durante un acto público de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para denunciar la falta de avances en su caso, lo que motivó una respuesta de la mandataria, quien aseguró que el acusado se encontraba detenido y expresó solidaridad con la víctima.
(c) Agencia EFE