Miami, 13 may (EFE).- Las navieras Crowley y Seaboard de Florida han alcanzado acuerdos en EE.UU. para resolver demandas por usar el puerto Mariel en Cuba ante la Ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses reclamar reparaciones a quienes se lucren con sus "propiedades confiscadas por el régimen de Castro".
Los acuerdos confidenciales, conseguidos en meses anteriores en la Corte Federal en el Distrito Sur de Florida pero divulgados apenas ahora por el Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, responden a una demanda de Odette Blanco de Fernández, cubanoestadounidense que poseía terrenos en el puerto.
La mujer acusó a ambas compañías de "traficar sin su permiso" con propiedades sobre las que ella tiene derecho en el puerto, al oeste de La Habana, pese a que el Gobierno cubano las expropió en 1960 tras el triunfo de la revolución en 1959.
La base legal de las demandas es el Título III de la Ley Helms-Burton, también llamada 'Ley Libertad', provisión que el presidente Donald Trump activó en 2019, durante su primer mandato (2017-2021), para que estadounidenses pudieran demandar a compañías que hagan negocio en Cuba con activos confiscados por "el régimen".
En el caso de la Crowley Maritime Corporation, con sede en Jacksonville, noreste de Florida, la demanda aseguraba que desde hace "varios años" enviaba directamente barcos con contenedores a la terminal del puerto del Mariel o participaba en envíos de otros y se beneficiaba de ello.
Mientras que la querella contra Seabord Maritime dice que ha traficado con la propiedad confiscada al menos desde mayo de 2019, al enviar barcos con contenedores desde Nueva Orleans directamente o al participar y beneficiarse de otros envíos.
La terminal de contenedores está en tierras expropiadas a los Blanco Rosell que formaban parte de una concesión por 70 años que les confería derechos para "planear, estudiar, ejecutar, mantener y explotar muelles públicos y bodegas" en la bahía de Mariel y de "construir nuevos edificios".
El hecho trasciende un día después de conocerse que la empresa española de hospedaje Iberostar y la aerolínea American Airlines alcanzaron acuerdos similares en Florida con cubanos que las demandaron.
Desde mayo de 2019, cuando el primer Gobierno del presidente Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton, que estaba sin efecto desde su promulgación en 1996, suman al menos 46 de estas demandas, según un conteo del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba.
Además, la Corte Suprema de Estados Unidos analizará este año el castigo contra cuatro líneas de cruceros, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC, por lucrar con el transporte de pasajeros a un muelle en Cuba confiscado a la empresa Havana Docks por el Gobierno cubano, al que pagaron 130 millones de dólares.
La noticia se conoce mientras Washington prepara más sanciones contra Cuba, según adelantó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras las que ordenó Trump el pasado 1 de mayo para abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla.
(c) Agencia EFE