El izquierdista Roberto Sánchez, quien enfrenta un pedido de prisión de la fiscalía por un presunto delito electoral, disputará la presidencia de Perú con la derechista Keiko Fujimori, tras su reñido paso al balotaje de junio.
Sánchez obtuvo el 12% de los apoyos frente al 11,9% del ultraderechista Rafael López Aliaga en la caótica elección del 12 de abril. Su ventaja fue apenas de 18.799 votos.
Con el 99,94% de las actas electorales revisadas, el izquierdista aseguró su lugar en la segunda vuelta, de acuerdo con los datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados este miércoles su página web.
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El escrutinio avanzó a cuenta gotas en medio de la impugnación de actas. “Estamos preparados para los retos que ponga nuestro pueblo”, declaró Sánchez a periodistas luego de conocer la diferencia irreversible.
Renovación Popular, partido de López Aliaga, reiteró en un comunicado su pedido de que “no se proclamen resultados hasta que se cuenten los votos y se resuelvan los procesos pendientes”. Sin embargo, ”el Jurado Nacional de Elecciones ya no puede hacer nada, no hay nada que resolver en el porcentaje que ya señala a los dos primeros puestos”, dijo a a la AFP el politólogo Fernando Tuesta.
Fujimori y Sánchez disputarán la presidencia de Perú el 7 de junio, en medio de una severa inestabilidad política en la que Perú ha tenido ocho presidentes desde 2016. La mayoría fueron destituidos o dimitieron antes de correr la misma suerte por casos de corrupción, entre otros escándalos.
Azotado además por una severa crisis de seguridad por el auge del crimen organizado, Perú se adentra ahora en una campaña polarizada con visos muy similares a la de la segunda vuelta de 2021.
Entonces Fujimori, próxima a cumplir 51 años, perdió por estrecho margen con el izquierdista Pedro Castillo. Ahora la hija del expresidente Alberto Fujimori se medirá con Sánchez, un exministro del destituido y encarcelado Castillo. Será el cuarto intento de Fujimori de llegar al poder en Perú, esta vez frente a un político de 57 años que por primera vez disputa la presidencia.
Durante la primera vuelta, los retrasos en el envío del material electoral impidieron que más de 50.000 electores pudieran votar, lo que obligó a las autoridades a prolongar la votación un día más.
La misión de observación de la Unión Europea mencionó“graves deficiencias”, pero afirmó no haber constatado “ninguna prueba objetiva” de fraude. Sin embargo, López Aliaga denuncia irregularidades y fraude en el proceso electoral.
Sánchez arranca su campaña para el balotaje envuelto en líos con la justicia. La fiscalía solicitó cinco años y cuatro meses de prisión para el rival de Fujimori por el presunto delito de declarar información falsa ante el organismo electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020.
Según un documento difundido en los medios locales y cuya autenticidad fue confirmada a la AFP por la fiscalía, se detectaron incoherencias en los informes financieros de su partido, Juntos por el Perú, durante campañas para elecciones regionales y municipales en las que participó.
“A Roberto Sánchez se le atribuye ser autor de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones e ingresos de organizaciones políticas”, señala la acusación.
Según la fiscalía, Sánchez habría recibido más de 57.000 dólares en aportes de integrantes de Juntos por el Perú para actividades partidarias, que no fueron declarados ante la ONPE.
El caso había sido presentado por primera vez ante los tribunales en enero de 2026, pero la justicia lo rechazó parcialmente y pidió a los fiscales reformularlo. El Poder Judicial programó para el 27 de mayo una audiencia para determinar si el caso pasa a juicio oral o se archiva.
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“Durante años han intentado instalar una mentira para desacreditarme políticamente. La justicia ya archivó las acusaciones sobre un supuesto uso personal de recursos económicos del partido, porque jamás existió fraude ni apropiación indebida”, indicó Sánchez en sus redes sociales.