La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que existen 36 casos en los que Estados Unidos ha negado a México peticiones de detención urgente con fines de extradición bajo el argumento de “falta de pruebas” y adelantó que solicitó al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y a la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, que informen sobre ellos.
Este anuncio se da ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntos vínculos criminales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros 9 funcionarios mexicanos.
Durante su conferencia, la mandataria criticó la idea de que, frente a estas acusaciones, el gobierno mexicano solamente tiene tres opciones: extraditarlos con sentido de urgencia, encarcelarlos en el país o no hacer nada.
“Se les olvida la más importante, pedir pruebas”, sentenció Sheinbaum, recordando que cualquier ciudadano, ya sea funcionario público o no, tiene el derecho a un juicio justo.
La presidenta rechazó que la postura de exigir evidencias a las autoridades estadounidenses sea una “decisión política”. Explicó que se trata de una visión de Estado, una responsabilidad basada estrictamente en la ley, el respeto a la Constitución y la defensa de la soberanía nacional. ´
Para ilustrar la importancia de actuar con igualdad entre naciones, planteó un escenario hipotético a la inversa: “Solo pongamos al revés que México hubiera pedido la detención urgente de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”.
“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley”, reiteró contundentemente la presidenta.
Hace apenas dos días -el 12 de mayo-, Roberto Velasco, titular de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el gobierno de Estados Unidos aún enviaba pruebas de las acusaciones de presuntos vínculos criminales en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
Al cuestionar a las autoridades federales sobre el tema durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller señaló que “hasta este momento” no ha habido respuesta por parte de autoridades estadounidenses.
El pasado 5 de mayo, el gobierno de México envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para solicitar evidencias de su acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya. A pesar de esto, Velasco recalcó que ambos países mantienen una comunicación “muy fluida y cotidiana”.
En tanto, el 7 de mayo, Sheinbaum exigió al gobierno estadounidense la presentación de pruebas frente a cualquier señalamiento contra funcionarios mexicanos, a la par que reclamó una falta de cooperación en materia de extradiciones por parte de las autoridades estadounidenses.
Esas declaraciones de la mandataria ocurrieron tras el amago del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien dijo que podría seguir haciendo acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado, como sucedió con Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios.
Sheinbaum reiteró, como lo ha hecho desde que Estados Unidos hizo pública las acusaciones contra funcionarios mexicanos, que su administración “no protege a nadie”, pero advirtió que para llevar a cabo cualquier detención es indispensable cumplir con la ley mexicana.