A pesar de las constantes promesas de reparación a las víctimas, lanzadas al aire por políticos e instituciones gubernamentales, la Contraloría General de la República detectó un grave rezago en las reparaciones colectivas en Colombia.
De acuerdo con una investigación realizada por la entidad, “de los 1.197 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) reconocidos en el país,solo 60 han logrado culminar la implementación de su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC), lo que equivale a un cumplimiento de apenas el 5% del total”.
Vale la pena recordar que, según la normativa colombiana (Ley 1448 de 2011), “son Sujetos de Reparación Colectiva las comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, grupos y movimientos sociales que sufrieron daños colectivos debido a vulneraciones graves a los Derechos Humanosen el contexto del conflicto armado”.
Entre los colectivos reconocidos más recientemente, están la comunidad campesina de Canalete, en Córdoba; la Universidad de Nariño; el Movimiento Sindical en general; y 18 concejales de El Plato, Magdalena, todos ellos afectados por las atrocidades de la guerra interna en Colombia.
Entonces, ¿por qué el Estado está atrasado en la reparación de estos y otros sujetos colectivos?
El ente de control realizó un análisis de la implementación de la política de Reparación Colectiva en el periodo 2018–2025, abarcando los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro.
La sorpresa fue que se “evidenció un rezago estructural y un desempeño insuficiente en la gestión de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)”, reportó la Contraloría en un comunicado distribuido este miércoles.
De acuerdo con los supuestos de la norma, un colectivo debería completar su ruta de reparación en cinco años, pero la Contraloría detectó que está tardando una década, en promedio.
“A este ritmo, la proyección de la Contraloría indica que, si se mantiene la tendencia actual, al año 2031 (fecha límite de vigencia de la Ley 1448 de 2011) solo el 9,4% del total de SRC habrán culminado sus procesos de reparación colectiva, lo que dejaría a más de 1.645 comunidades sin culminar sus programas, poniendo en entredicho el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz y los compromisos internacionales”, acotó la entidad.
Y si el Estado pretendiera reparar a esas 1.645 comunidades restantes, la inversión rondaría los $9 billones de pesos, “lo que representa un desafío significativo en términos de sostenibilidad fiscal”.
Una de las conclusiones más graves del estudio es que la Unidad para las Víctimas no ha estado ejecutando todos los recursos asignados.
“Entre las vigencias 2018 y 2025, a la UARIV le fueron asignados $930,75 mil millones para la Reparación Colectiva, de los cuales únicamente se ejecutaron $539,60 mil millones, lo que representauna baja ejecución presupuestal del 58%. Esta limitada utilización de los recursos denota serias debilidades de gestión en los planos administrativo, operativo y presupuestal”, sentenció la Contraloría.
De acuerdo con las cifras de la UARIV, en Colombia hay 10’251.491 víctimas del conflicto armado registradas. La mayoría, 9’134.559 sufrieron desplazamientos forzados, seguidos de 1’159.008 homicidios.