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Ciudad de Panamá, 26 oct (EFE).- Organizaciones de la sociedad civil y la oposición nicaragüense denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persistencia de restricciones a la libertad religiosa en Nicaragua, mientras el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo proyecta internacionalmente una "fachada" de respeto a la fe católica.
El tema, tratado en Panamá con motivo del 197 periodo de sesiones de la CIDH, fue abordado, entre otros, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), así como por sacerdotes en el exilio.
"Lo que denunciamos en la audiencia hoy es la restricción a la libertad de religión y de creencias en Nicaragua que se enmarcan en un contexto de concentración absoluta del poder, un contexto de persecución de la oposición real o percibida por el régimen, y también en un contexto de cierre total del espacio cívico", dijo a EFE Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de Cejil.
Estas restricciones a la libertad religiosa tienen manifestaciones muy variadas en lo que implica expresar la religión, ataques a las iglesias, confiscaciones de su infraestructura, la eliminación de exenciones tributarias o directamente el cierre o la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones religiosas.
También, añadió Acuña, la persecución directa de líderes religiosos, detención arbitraria y desapariciones por parte del Gobierno -sin representación durante la audiencia-, que ha prohibido a las familias "dar sepultura a los cuerpos de personas que murieron bajo custodia estatal".
Según la oficial de incidencia de Cejil, el Gobierno juega a la "imprevisibilidad", prohibiendo directamente algunas celebraciones religiosas mientras que permite otras.
"Pero el hecho de que haya algunas que se permiten no quiere decir que haya libertad religiosa en Nicaragua (...). Hay una cierta imprevisibilidad de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y justamente el régimen juega con esa imprevisibilidad para generar miedo en la población", advirtió.
Rafael Aragón, cura dominico español que adquirió la nacionalidad nicaragüense en 1990 y está exiliado en Costa Rica desde 2023, advirtió hoy a la Comisión sobre el intento de normalización que el gobierno ha promovido con la autorización de algunas procesiones.
El propósito de esta apertura, aseguró, es "proyectar ante la comunidad internacional una imagen de respeto a la libertad religiosa y de conciencia en respuesta a las presiones internacionales", pero esa "aparente libertad religiosa es una fachada noticiosa para el consumo de la opinión internacional".
Además, prosiguió, "la presencia de numerosos policías y paramilitares son para limitar el acercamiento de los devotos a las imágenes veneradas", restringir recorridos tradicionales e imponer horarios.
"El objetivo de este control es promover una cultura popular secularizada y apartada de la Iglesia católica y de su liderazgo histórico", remarcó el sacerdote dominico.
También el exiliado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, afirmó a EFE que en Nicaragua hay "una represión brutal, sistemática y atenta contra todos los derechos".
"Y como lo decíamos en la audiencia ante la Comisión Interamericana, en Nicaragua casi no hay nadie que esté a salvo. No hay ningún sector que esté a salvo (...) Tenemos un destierro incluso de sacerdotes, de evangélicos", y resaltó que "eso no había pasado en la historia de Nicaragua".