La oenegé Cristosal exigió el lunes pruebas sobre la salud de la abogada salvadoreña Ruth López, detenida hace un año tras denunciar presuntos casos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele.
López, a quien se le impiden las visitas familiares, es considerada "presa de conciencia" por Amnistía Internacional. La mujer de 48 años fue arrestada el 18 de mayo de 2025 acusada de supuesto enriquecimiento ilícito por la Fiscalía afín a Bukele.
Desde entonces ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, pues el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción que rige en El Salvador por la guerra antipandillas, según Cristosal, organización a la que pertenece López.
"El Estado pretende asegurar que (...) se encuentra bien, pero no lo respalda con documentos (...) por lo cual su familia se encuentra en incertidumbre sobre su real estado de salud", dijo a periodistas el abogado de Cristosal David Morales, tras la celebración de una misa en una universidad jesuita en Ciudad de Guatemala para exigir la liberación de López.
La oenegé, cuya unidad anticorrupción dirigía López, se mudó de El Salvador a Guatemala en julio pasado aduciendo una persecución de Bukele.
Morales recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió dar seguimiento a su estado de salud y examinar la posibilidad de que lleve el proceso en libertad.
Pero "sin justificación adecuada, la jueza del caso" y la Fiscalía General no han accedido a revisar la medida de prisión preventiva, criticó el jurista.
Un grupo de expertos de la ONU, que también exigen la liberación, alertaron que la "integridad física y mental" de la abogada está en riesgo. "Las irregularidades en el proceso, apuntan a que López está siendo objeto de represalias por sus actividades legítimas como defensora de derechos humanos", denunciaron.
Cristosal asegura que el caso de López está plagado de irregularidades, como que tras un año la Fiscalía no ha presentado pruebas sobre el alegado enriquecimiento ilícito de la activista de derechos humanos cuando trabajó en el tribunal electoral hace una década.
"Se trata de una persecución política con el fin de callar una voz fuerte y que incomodaba al gobierno porque denunciaba la corrupción, las injusticias, la ilegalidad y la inconstitucionalidad de los proyectos mineros", sostuvo Morales.
hma-axm/mvl