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El gobierno de Nicaragua ha ilegalizado más de 1.300 órdenes religiosas y confiscado decenas de sus propiedades, denunciaron este lunes oenegés durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada en Panamá.
El mandatario Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Durante la audiencia, Marylaura Acuña, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), denunció cancelaciones de personería jurídica de entidades religiosas y la confiscación de sus propiedades, además de "detenciones arbitrarias" y "desapariciones forzadas" de sus líderes.
"Hay una intención (del gobierno) de perseguir toda oposición y toda disidencia" para "impedir una posible crítica al régimen desde las iglesias", declaró Acuña a la AFP tras la sesión.
El gobierno de Nicaragua, que denunció las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado, no envió representantes.
La líder del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Katy Lechado, aseguró que desde ese año han sido "canceladas" al menos 1.341 organizaciones religiosas. En su mayoría, añadió, son evangélicas, aunque también hay 132 católicas, tres judías, dos musulmanas y una hinduista.
Además, Lechado, cuya organización trabaja desde el exilio en Costa Rica, indicó que más de 40 propiedades de la Iglesia católica y organizaciones laicas han sido incautadas por el gobierno y la mitad aproximadamente están "ocupadas por instituciones estatales".
El presidente de la CIDH, Stuardo Ralón, afirmó que la libertad religiosa "no es una concesión del poder político", sino un derecho, por lo que ninguna persona debería ser perseguida por sus creencias.
Debido a la represión desatada tras las movilizaciones de 2018, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde recientemente se aprobó una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.
Algunos opositores incluso han sido despojados de su nacionalidad.
"El régimen no permite ningún espacio de liderazgo a nadie", indicó a la AFP el sacerdote dominico Rafael Aragón, de 78 años, quien vive exiliado en Costa Rica.
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