Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaron el martes antes de las 8:00 en el domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero para comunicarle su imputación en el caso Plus Ultra. Al mismo tiempo, los agentes registraron su despacho profesional en la calle Ferraz de Madrid y las oficinas de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
La operación, bautizada como 'Tíbet' se ha desarrollado en el marco de la investigación que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez José Luis Calama.
La actuación policial frustró un viaje que el expresidente tenía previsto ese mismo día. Según fuentes próximas al caso citadas por 'El Confidencial', Zapatero tenía comprado un billete de Air Europa con salida de Barajas a las 16:10 con destino a Santo Domingo, desde donde tomaría un avión privado para continuar hasta Caracas, con llegada prevista a las 21:50 hora local.
El desplazamiento, de carácter privado y sin reflejo en ninguna agenda oficial, no habría estado relacionado con la investigación según las mismas fuentes, aunque fue planificado con urgencia tras las informaciones publicadas la semana pasada que ya situaban a Zapatero en el foco de las pesquisas de la UDEF.
La imputación no lleva aparejada ninguna medida cautelar que restrinja sus movimientos: conserva el pasaporte y puede salir de España. Esa situación podría cambiar cuando comparezca en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio, fecha en la que el juez Calama ha citado al expresidente.
El auto de imputación, de 88 páginas, concluye indiciariamente que el entorno de Zapatero habría cobrado presuntas comisiones ilegales por casi dos millones de euros, posteriormente lavados a través de lo que la resolución describe como mercantiles fantasma, facturas ficticias y testaferros. Los delitos que se le atribuyen son blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
El juez sitúa en el centro del esquema a Julio Martínez Martínez, descrito como amigo de Zapatero y exasesor de Plus Ultra, cuya empresa Análisis Relevante S.L. habría pagado al expresidente unos 450.000 euros en concepto de supuestas "asesorías globales".
Esa misma sociedad habría transferido además 239.755 euros a Whathefav, la agencia de sus hijas, mediante contratos de asesoría utilizados, según el auto, como mera justificación documental. Otra pieza del engranaje es Summer Wind S.L., agente de carga que operaba con Plus Ultra y que el juez describe como sociedad instrumental para triangular pagos.
Según la resolución, Summer Wind recibió ingresos de Plus Ultra por cerca de cuatro millones de euros y realizó pagos por 213.202 euros a Afitta S.L., empresa que el magistrado vincula a Julio Martínez Martínez. Los investigadores hallaron en el teléfono del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, justificantes de esas transferencias y mensajes internos en los que se discutía la modificación de facturas y sus conceptos.
La investigación no se limita a las gestiones para obtener el rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno aprobó para Plus Ultra en 2021. El auto detalla una segunda línea de actuación: la intervención ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía durante la pandemia. Por esa intermediación, Julio Martínez Martínez habría cobrado al menos 458.000 euros.
El juez recoge un intercambio de mensajes entre Martínez Martínez y el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz, presidente del INAC venezolano, en julio de 2021, en el que el empresario español solicita la autorización de un vuelo de Plus Ultra. Al día siguiente, una persona registrada en el teléfono de Martínez Martínez como "Z" le escribe: "En tiempo y forma. Exitosa gestión". Horas después, Martínez Martínez agradece al general su ayuda confirmando que los vuelos han sido aprobados. Calama califica estos hechos como tráfico de influencias.