La abogada salvadoreña Ruth López, detenida hace un año tras denunciar presuntos casos de corrupción del gobierno de Nayib Bukele, fue operada en un hospital sin el conocimiento de la familia, denunció este martes la oenegé Cristosal.
López, a quien se le impiden las visitas familiares, es considerada "presa de conciencia" por Amnistía Internacional. La mujer de 48 años fue arrestada el 18 de mayo de 2025 acusada de supuesto enriquecimiento ilícito por la Fiscalía afín a Bukele.
"El pasado fin de semana, familiares de Ruth López tuvieron conocimiento de que fue ingresada e intervenida en un centro hospitalario de San Salvador", dijo en un comunicado la oenegé.
La entidad afirma que los familiares no fueron "notificados previamente sobre su traslado, el motivo de la intervención médica ni su estado actual" de salud.
La abogada ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, pues el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción que rige en El Salvador por la guerra antipandillas, según Cristosal, organización a la que pertenece López.
Cristosal, cuya unidad anticorrupción dirigía López, se mudó de El Salvador a Guatemala en julio pasado aduciendo una persecución de Bukele.
En setiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió dar seguimiento a su estado de salud y examinar la posibilidad de que lleve el proceso en libertad.
Cristosal lamentó que el Estado salvadoreño ha incumplido el requerimiento de la Comisión.
Ante ello, la oenegé exigió que se informe de "manera inmediata a su familia sobre su estado y que tanto ellos como sus representantes tengan acceso urgente a su expediente clínico y a ella en persona".
También pidió la libertad "inmediata" de López para "garantizar su salud, permitir que esté acompañada de su familia y dar cumplimiento" a la recomendación de la Comisión Interamericana.
Cristosal asegura que el caso de López está plagado de irregularidades, como que tras un año la Fiscalía no ha presentado pruebas sobre el alegado enriquecimiento ilícito de la activista de derechos humanos cuando trabajó en el tribunal electoral hace una década.
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