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Con el ataúd cubierto de flores en la plaza central de Ciudad de Guatemala, más de un millar de personas rindieron homenaje el martes al exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, cuyo asesinato provocó condena internacional y temores de violencia política en el país.
El abogado de 43 años, asesinado a tiros el pasado sábado en una cancha de fútbol de la capital, denunciaba desde sus redes sociales nexos entre políticos y pandilleros, y casos de corrupción de alto perfil.
El crimen de Foppa, como se le conocía, conmocionó al país en medio de un recrudecimiento de la criminalidad y de las tensiones políticas de cara a las elecciones generales de 2027.
"¡Foppa vive y la lucha sigue!" y "Justicia", corearon bajo la lluvia los asistentes al funeral, que inició con una ceremonia de sacerdotes indígenas.
El exfiscal, baleado frente a su hijo pese a que tenía escolta, arremetía contra el llamado "pacto de corruptos", una supuesta red criminal que incluye a políticos, miembros de la élite empresarial y crimen organizado.
"Era un 'tiktokero' incansable (...) que denunciaba todo lo que pasa en nuestro país", dijo la madre de Foppa, Silvia Solórzano, frente al féretro, que luego fue llevado a un cementerio en la periferia oeste de la capital.
El presidente Bernardo Arévalo prometió "hacer todo lo necesario" para el esclarecimiento del crimen y castigo a los culpables.
Las autoridades pusieron la investigación bajo reserva. Dos personas que habían sido inicialmente detenidas fueron dejadas en libertad por falta de mérito.
"Se tiene que averiguar, se está investigando", dijo a la AFP Julio Solórzano, tío de la víctima, al referirse a posibles móviles del crimen.
Foppa lideró como fiscal investigaciones contra líderes pandilleros y dirigió el ente recaudador de impuestos con una ofensiva contra la evasión fiscal de poderosos empresarios.
En una de sus últimas publicaciones, planteó la hipótesis de una participación de "la CIA, apoyada por el ejército" guatemalteco en los enfrentamientos entre supuestos narcos que dejaron ocho muertos en septiembre en el este del país.
El crimen fue condenado por Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU y organismos humanitarios como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió el lunes "una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial".
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