Un grupo de congresistas del Partido Demócrata envió una comunicación al embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, para establecer, entre otros temas, las prioridades en materia laboral que consideran fundamentales para la permanencia y el éxito del acuerdo comercial.
Los legisladores demócratas proponen a Greer una serie de ajustes técnicos y compromisos presupuestarios destinados a cerrar la brecha salarial y fortalecer la libertad sindical en la región.
Uno de los puntos centrales de la demanda consiste en la modificación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para agilizar las investigaciones ya que los congresistas señalan que actualmente existen retrasos en los procedimientos por parte de empleadores y autoridades mexicanas que afectan las campañas de organización de los trabajadores.
Por ello, solicitan que los paneles encargados de estas disputas operen bajo límites de tiempo estrictos para emitir informes y recomendaciones. Asimismo, buscan resolver las dificultades que enfrentan los empleados para demostrar que una instalación está cubierta por el tratado cuando no poseen acceso a los registros comerciales internos de las empresas.
La comunicación legislativa pone énfasis en que persisten prácticas como la elaboración de listas negras de sindicatos y la importación de mercancías producidas con trabajo forzado. Ante esto, los representantes estadounidenses consideran necesario dotar a los funcionarios laborales mexicanos de facultades de sanción claras para combatir estos esquemas.
Adicionalmente, manifiestan preocupación por la resolución de violaciones a los derechos de asociación mediante negociaciones entre el gobierno y los dueños de negocios en las que se excluye la participación de los trabajadores afectados.
Para reducir el incentivo de trasladar empleos hacia México por motivo de costos, los demócratas impulsan la adopción de contratos colectivos de trabajo por sector en industrias estratégicas; en este sentido argumentan que este esquema permitiría elevar las remuneraciones en el mercado mexicano al limitar la capacidad de sindicatos de protección para mantener los salarios en niveles bajos.
Esta propuesta se vincula con la exigencia de que el gobierno de México garantice niveles mínimos de financiamiento y personal para el monitoreo de las reformas laborales que, a juicio de los legisladores, continúan incompletas.
Finalmente, los congresistas destacan la importancia de restaurar el presupuesto de asistencia técnica del Departamento de Trabajo de Estados Unidos para apoyar a las instituciones laborales y a la sociedad civil mexicana.
El documento concluye que la efectividad del acuerdo depende de que las ganancias del comercio se distribuyan de forma equitativa a través de una aplicación rigurosa de los compromisos laborales asumidos por los tres países socios.