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Ciudad de Panamá, 27 oct (EFE).- Líderes indígenas y activistas denunciaron este martes que la explotación de minerales críticos en América Latina se hace frecuentemente bajo acuerdos nacionales "a puerta cerrada" que generan riesgos vitales para las comunidades, durante una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la audiencia de oficio participaron asociaciones indígenas, organizaciones defensoras de derechos humanos y, por primera vez, representantes de empresas mineras, cuyas exposiciones alimentarán un informe regional, según explicaron los comisionados del ente interamericano.
Los minerales críticos son "algo necesario, tenemos que buscar un balance entre el progreso y la protección y la defensa de los derechos humanos", dijo a EFE el comisionado Riyad Insanally, relator de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la audiencia desarrollada en el marco del 197 período de sesiones de la CIDH que se celebra esta semana en Panamá.
"Lo que aprendimos hoy es que una transición justa no debe medirse únicamente por la reducción de emisiones, sino también por el respeto a los derechos y la prevención de daños en las comunidades donde se realiza la extracción", dijo por su parte la comisionada Gloria Monique de Mees, relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes.
Los representantes de las comunidades indígenas aseguraron que la mayoría de las explotaciones de minerales críticos en América Latina están en sus territorios, que afectan especialmente los cuerpos de agua y dividen a las comunidades, malogrando así la convivencia y la cultura.
En este sentido, la abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Jenny Rodríguez, recalcó que con "solo el 8 % de la población mundial, América Latina y el Caribe aporta más del 11 % de las materias primas del planeta".
En medio de este auge de los minerales críticos, "la Unión Europea y Estados Unidos han suscrito al menos nueve memorandos y acuerdos sobre minerales con siete países de América Latina, negociados a puerta cerrada, y en varios de ellos los gobiernos se comprometen a dar acceso preferente e información anticipada sobre inversiones y a acelerar, simplificar e incluso desregular, sin exigir salvaguardas de derechos humanos", agregó.
"Buena parte de la demanda de minerales del norte (global) no es para la transformación de las matrices energéticas, sino para la industria bélica y tecnológica", afirmó Rodríguez, por lo que la AIDA propone, entre otras medidas, que "toda autorización minera se justifique por su aporte real a la transición".
Una denuncia recurrente fue que las consultas a las comunidades donde se encuentran los yacimientos no cumplen con lo establecido en las normas correspondientes o se hacen cuando ya las decisiones fueron tomadas, como lo señaló la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Montserrat Solano.
La cuestión no es "cuánto" se extrae, sino "cómo, dónde, para quién y con quiénes" se decide, dijo Solano.
"Para mí en particular el principio del consentimiento previo, libre e informado es clave. Tenemos que buscar, trabajando con la sociedad civil y los pueblos, la manera de asegurar su implementación", y de mecanismos que aseguren la defensa de los derechos de las comunidades afectadas por la minería, dijo el comisionado Insanally a EFE.
"Lo que me impresionó mucho fue la presencia de las empresas, es la primera vez (...) lo consideramos muy importante", agregó Insanally, en referencia a la participación del representante de la Asociación Internacional del Litio (ILIA, en inglés), Tom Drabble, entre otros.
Drabble citó explotaciones mineras en Chile y Argentina como ejemplos de manejo de la información o de evaluaciones de desempeño social, ambiental y de derechos humanos, reconociendo que estos no implican que todos los desafíos estén resueltos, y que el agua y la participación comunitaria requieren más atención.