El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, no descarta la declaración de un estado de excepción para hacer frente a los bloqueos de carreteras que mantienen a Bolivia paralizada desde hace 28 días, pero por ahora advierte que “es un instrumento más que será evaluado según la oportunidad y la necesidad”.
El diálogo con los sectores en conflicto sigue siendo el plan A del Gobierno de Rodrigo Paz, tanto que Lupo anunció que el líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, tendría garantías para asistir a la jornada de conversaciones convocada para la tarde del 28 de mayo por la Conferencia Episcopal, a pesar de la orden de aprehensión que pesa en su contra.
Argollo ha sido acusado de instigación pública a delinquir y terrorismo, por su papel en los cortes de carretera y en las protestas que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La misma garantía fue ofrecida para que Vicente Salazar, el máximo dirigente de la Federación Campesina Túpac Kayari, otro de los grupos movilizados, pueda unirse al diálogo mediado por la iglesia.
“Hay algunos casos en que ya no está en manos del Estado, está en manos del Ministerio Público, pero obviamente no ejecutaríamos ningún tipo de instrucción si los estamos llamando al diálogo, si queremos el diálogo y si el país entero quiere una solución”, afirmó Lupo en declaraciones al canal local ‘Unitel’.
Ambas organizaciones anunciaron “un gran cabildo nacional” para decidir si siguen adelante con las protestas o atienden el llamado al diálogo.
El exdirectivo de Túpac Katari, David Mamani, reconoció que hay preocupación entre las bases sobre la posibilidad de acuerdos con el Gobierno “a espaldas o a escondidas” de las organizaciones sociales que participan en las manifestaciones.
Por su parte, el dirigente de la COB Evelio Ramos indicó que ni Argollo ni la directiva de la organización sindical asistirán a este, ni a ningún otro encuentro, si no se anulan las órdenes de captura emitidas contra los movilizados.
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Ahora el Gobierno de Paz no solo enfrenta las presiones por parte de los sectores sindicales, mineros, indígenas y campesinos que se han unido para pedir su renuncia y protestar sus reformas, sino incluso de organizaciones consideradas aliadas políticas que piden enfrentar los cortes de carreteras con mayor energía.
“No vamos a ceder a esta búsqueda de muertos y confrontación entre bolivianos”
Los comités cívicos (agrupaciones de asociaciones civiles y ciudadanas) de los nueve departamentos se encontraron este 28 de mayo en Santa Cruz, con la expectativa de que el presidente Paz escuchara sus llamados a pacificar el país.
Sin embargo, a pesar de que había confirmado su presencia, Paz no asistió y fue el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, quien estuvo presente en su lugar y prometió que oirán los “reclamos válidos”, pero no aquellos que buscan “la desestabilización en el país”.
“No vamos a ceder a esta búsqueda de muertos y confrontación entre bolivianos”, afirmó, con lo que dejó claro que la opción de la represión que demandan varias organizaciones sociales todavía no está sobre el tapete.
Mientras tanto, aún persisten 66 puntos de bloqueo en todo el país, de acuerdo con el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que ubica a La Paz como la ciudad más afectada, con 21 cortes, seguida de Potosí (14) y Cochabamba (12).
Las vías principales de seis de los nueve departamentos del país siguen interrumpidas. Aun así, el Gobierno logró activar un corredor humanitario al norte de La Paz, para permitir la distribución de alimentos, medicinas y otros insumos básicos, como anunció el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.
En la provincia del Chapare, donde se encuentra atrincherado el expresidente Evo Morales, se vivió un tenso episodio la tarde del miércoles 27, cuando un corte de electricidad hizo temer a grupos de campesinos que se estuviera preparando una operación para capturar al exlíder cocalero.
Los partidarios de Morales procedieron a cercar el ingreso a una base policial, el comando Umopar Chimoré, para impedir cualquier movimiento en contra del exmandatario. A pesar de que la avería fue atendida, los cocaleros continúan impidiendo el tránsito desde y hacia la sede policial con piedras y fogatas.
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Los sectores del transporte público de La Paz declararon el miércoles un “paro general indefinido”, por los retrasos en el pago de las compensaciones ofrecidas por el Gobierno de Paz para aquellos conductores cuyos vehículos resultaron afectados por la calidad de la gasolina, que fue uno de los reclamos que desató las protestas.
Se quejan además por la persistencia de los problemas para acceder al combustible, como consecuencia de los conflictos que sacuden a la capital administrativa.
La protesta ha derivado en que centenares de personas hayan tenido que caminar hacia sus destinos, mientras el ministro Zamora reiteraba el llamado al diálogo con los transportistas. “Toda demanda es válida, pero bloqueo sobre bloqueo no funciona”, apuntó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de La Paz, Luis Larrea, le declaró al diario ‘El Deber’ que los tres bancos de sangre de la ciudad están “al mínimo” de su dotación habitual, con lo que la capacidad de respuesta ante una emergencia mayor se verá seriamente comprometida.
Larrea advirtió que las reservas dependen de los donantes, y estos han tenido dificultades para movilizarse, como consecuencia de los cortes de carretera. “La dificultad es muy aguda y muy rápida”, advirtió.
Por su parte, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, apuntó que la virtual paralización de la ciudad esta generando pérdidas por el orden de los 45 millones de bolivianos diarios (6,5 millones de dólares), “una pérdida que hace que nuestra sociedad, en vez de desarrollar, vaya hacia atrás”.
Roca agregó que “El Alto se ha convertido en una ciudad altamente consumidora y, entonces, tienen que venir los productos esta vez del norte paceño”, que en este momento se encuentra bloqueado por los manifestantes.
El Ministerio de Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó la presencia de la política argentina de izquierda Mercedes Trimarchi en las protestas, destacando "el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados" y desmintiendo el papel de “diputada electa” con el que ha relacionado sus acciones en Bolivia.
"El Estado Plurinacional de Bolivia considera inadmisible e inaceptable que actores políticos extranjeros participen en actividades de carácter político interno, particularmente cuando se atribuyen representaciones o calidades institucionales ajenas a su mandato para pronunciarse sobre asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo boliviano y a sus instituciones democráticas", señala el documento.
Trimarchi, quien fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), ha hecho publicaciones en sus redes sociales en las que se le muestra participando en protestas en La Paz y El Alto, las ciudades más afectadas por la conflictividad.
La cancillería advirtió que "corresponderá a las autoridades nacionales competentes evaluar y adoptar las medidas" a propósito del estatus migratorio de Trimarchi.
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Con EFE y medios locales