El Gobierno de Bolivia descartó la posibilidad de que el presidente Rodrigo Paz renuncie en medio de la crisis social y política que ha atravesado el país por casi un mes, y aseguró que continuará apostando por el diálogo antes de evaluar un eventual estado de excepción.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó en una entrevista con Reuters que los pedidos de renuncia promovidos por algunos sectores movilizados constituyen un "acto antidemocrático" y recordó que el primer mandatario fue elegido hace apenas seis meses con el 55% de los votos.
"No es aceptable que a los seis meses pretendan pedir la renuncia, figura que no existe en la Constitución", afirmó en la entrevista.
El Gobierno de centro enfrenta bloqueos y protestas lideradas por sindicatos campesinos, sectores obreros y grupos afines al expresidente de izquierda Evo Morales, quien manifestó públicamente que la pacificación del país pasa por la renuncia del mandatario.
Pedir "la renuncia al presidente es un acto antidemocrático, es sedicioso, no corresponde y eso lo hemos apartado completamente", señaló.
El conflicto comenzó el 1 de mayo con un paro indefinido de la Central Obrera que luego se extendió con bloqueos campesinos del occidente boliviano, lo que creó un cerco a las ciudades de La Paz y El Alto, con cerca de 2 millones de habitantes.
Pese a la presión de empresarios, transportistas y organizaciones civiles para desbloquear carreteras y restablecer el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos, el Gobierno insiste en agotar las vías de diálogo.
El Gobierno teme que una respuesta represiva derive en una escalada de violencia similar a episodios registrados en anteriores crisis políticas bolivianas.
El estado de excepción o solicitudes de apoyo internacional "son completamente legales y legítimos” y serán evaluados “según la oportunidad y necesidad", agregó Lupo.
El ministro consideró que no respetar la democracia es "tratar de hacer un golpe de Estado", aunque según sus cálculos, los grupos movilizados no superarían las 30,000 personas frente a los 3.5 millones de votos obtenidos por la fórmula oficialista en las elecciones de 2025.
El Gobierno busca transmitir tranquilidad a organismos multilaterales y mercados internacionales en medio de la incertidumbre política. Lupo afirmó que entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF mantienen el respaldo a Bolivia y comprenden el contexto de conflictividad.
"Ellos comprenden y son sensibles a este tipo de situación. Lo que preocupa es la imagen del país, el turismo, el tratar de poner un país en la vitrina para que el mundo venga", explicó.
Paz actualmente busca abrir Bolivia a la inversión privada extranjera para proyectos vinculados a minería, hidrocarburos, litio y energía, entre otros sectores considerados estratégicos.
"Este no es un conflicto social cualquiera, este es un punto de inflexión entre el pasado y el futuro", remarcó Lupo.