El Gobierno de Colombia tachó este sábado de “engañosa” la declaración del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio como una medida de “buena voluntad” y aseguró que esa decisión responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
“Colombia manifiesta su categórico rechazo (…) a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando (…) responde a las conminatorias órdenes de la CAN”, señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.
Noboa anunció la medida anoche en una videollamada con el candidato presidencial colombiano de ultraderecha Abelardo de la Espriella, divulgada en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones de Colombia, lo que llevó al Gobierno de Gustavo Petro a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.
En su conversación con De la Espriella, Noboa aseguró: “Desde el primero de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad”.
“Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, indicó la Cancillería colombiana.
Según el comunicado de la Cancillería, presentar esa decisión como una concesión voluntaria “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede generar interpretaciones que afecten el desarrollo de las relaciones entre ambos países.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Morales, respaldó la posición del Gobierno y cuestionó que una decisión de política comercial de un Estado fuera presentada como el resultado de una conversación con “un actor que no ejerce funciones de gobierno”.
Morales afirmó que el levantamiento de los aranceles responde a un contexto más amplio marcado por las decisiones de la CAN y por advertencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los riesgos económicos y la incertidumbre que podían generar las restricciones comerciales.
La ministra agregó que esas medidas afectaron durante meses a empresas, cadenas productivas y comunidades fronterizas de ambos países, y defendió que el Gobierno de Petro actuó mediante los mecanismos previstos en el ordenamiento andino para proteger a los sectores afectados.
Los dos países tienen una disputa comercial desde comienzos de este año, cuando el Gobierno de Noboa impuso una “tasa de seguridad” a los productos colombianos al considerar insuficientes las acciones de Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.
La medida, duramente criticada por empresarios y comerciantes, comenzó en febrero con un gravamen del 30 %, fue elevada posteriormente al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo.
La Secretaría General de la CAN, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, había ordenado a ambos países retirar los aranceles impuestos durante la disputa comercial y concedió un plazo de diez días hábiles para desmontar las medidas, que se vencieron el pasado 21 de mayo.
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