El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia estaría dispuesta a volver a suministrar energía a Ecuador si las condiciones del sistema eléctrico nacional lo permiten, en medio de las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre los dos países.
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La declaración del mandatario se produjo a través de su cuenta de X, donde respondió a las advertencias realizadas por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, sobre los efectos que las disputas bilaterales podrían tener en la relación económica y comercial entre ambas naciones.
“Si Colombia tiene energía volverá a ayudar al pueblo ecuatoriano independientemente de quién lo gobierne”, escribió Petro, al referirse a la posibilidad de retomar el apoyo energético al país vecino.
El jefe de Estado también sostuvo que colombianos y ecuatorianos conforman un mismo pueblo y cuestionó a lo que denominó las “habituales oligarquías latinoamericanas”, señalando que no deberían permitirse divisiones impulsadas por intereses externos o sectores políticos radicales.
La reacción del presidente se produjo después de que la ministra Morales advirtiera sobre las consecuencias económicas derivadas de las diferencias comerciales entre Ecuador y Colombia.
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La funcionaria señaló que el deterioro de las relaciones políticas, sociales y comerciales entre Colombia y Ecuador podría poner en riesgo el programa de financiamiento por US$5.000 millones que el país vecino mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Morales afirmó que una decisión unilateral adoptada por el Gobierno ecuatoriano alteró una relación comercial que calificó como “profundamente complementaria”, afectando el tejido empresarial de ambas economías e interrumpiendo cadenas productivas construidas durante décadas.
Además, defendió la actuación de Colombia al asegurar que el país ha obrado dentro de los compromisos internacionales vigentes, el marco normativo andino y los mecanismos institucionales previstos para resolver este tipo de controversias, con el objetivo de proteger la producción nacional y el bienestar de las comunidades de frontera.
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La controversia se intensificó luego de que el Gobierno ecuatoriano anunciara la eliminación, a partir del 1 de junio de 2026, de los aranceles aplicados a productos colombianos.
Frente a esa decisión, la Cancillería colombiana rechazó la manera en que fue presentado el anuncio y aseguró que la medida no corresponde a una concesión voluntaria del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la eliminación de los aranceles responde al cumplimiento de obligaciones derivadas de resoluciones emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que ordenaron desmontar las restricciones comerciales impuestas por Ecuador.
En un comunicado oficial, la entidad señaló que la derogación de estas medidas debe entenderse como el resultado de decisiones adoptadas dentro del sistema andino de integración y no como una determinación asociada a circunstancias políticas o electorales.
Uno de los principales mensajes de la Cancillería fue que la eliminación de las restricciones comerciales no puede interpretarse como una decisión discrecional del Gobierno ecuatoriano.
De acuerdo con el pronunciamiento, la medida obedece a “órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles y otras medidas de restricción al comercio” emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina.
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El Gobierno colombiano considera que presentar el levantamiento de los aranceles como una decisión voluntaria desdibuja el fundamento jurídico e institucional de la medida y puede generar interpretaciones erróneas que afecten la confianza de los sectores productivos y el desarrollo de las relaciones económicas entre ambos países.