La Paz, 31 may (EFE).- El proyecto de ley conocido como 'Ley Brisa', que propone endurecer la legislación sobre delitos sexuales contra menores en Bolivia, abrió un debate entre organizaciones de derechos humanos y sectores religiosos y civiles que cuestionan el alcance de las reformas y sus posibles efectos sobre garantías judiciales.
La iniciativa corresponde al proyecto de ley 010, "de incorporación del tipo penal de violación incestuosa, eliminación del delito de estupro y reconocimiento de la falta de consentimiento como elemento constitutivo del delito de violación para garantizar el acceso a la justicia".
El proyecto fue presentado en 2023, aprobado un año después por el Senado boliviano y modificado en marzo pasado, cuando comenzó a ser conocido como 'Ley Brisa', en referencia a la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en favor de la activista boliviana-colombiana Brisa de Angulo Lozada.
De Angulo denunció haber sufrido abusos sexuales entre 2001 y 2002, cuando tenía 16 años, presuntamente cometidos por un primo de 26 años. Tras años de litigio en Bolivia y ante instancias internacionales, en 2023 la CorteIDH concluyó que el Estado boliviano incurrió en discriminación por razones de género y niñez, además de revictimizar a la denunciante durante el proceso judicial.
El tribunal ordenó al Estado adecuar su legislación respecto al estupro, la violación incestuosa y el consentimiento como elemento central del delito de violación, aspectos que busca incorporar el proyecto.
La secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, Mónica Bayá, dijo a EFE que el tratamiento de la norma ha tropezado con “una campaña de desinformación” que sostiene “inadecuadamente” que esta propuesta atenta contra la familia.
Bayá explicó que, a la luz de lo dispuesto por la CorteIDH, la ley busca que la violación incestuosa, considerada en la legislación boliviana únicamente como un agravante, pase a tener una tipificación específica con “un nombre jurídico propio”.
Con datos de 2025 del Observatorio de Seguridad Ciudadana, la experta mencionó que el 43 % de las violaciones contra menores de 18 años “ocurre dentro de sus hogares y es perpetrado por personas del entorno familiar”.
El proyecto también plantea la “reclasificación” del delito de estupro, sancionado actualmente con tres a seis años de prisión, para que sea considerado como “violación a infante, niño, niña y adolescente”, cuya sanción es de 10 a 20 años de reclusión y de 20 a 25 años si hay violencia física.
Además, propone que se proteja no solamente a menores de 14 años, sino ampliar la cobertura a víctimas hasta los 18 años.
Asimismo, el proyecto de ley declara la “imprescriptibilidad” de los delitos de violación de menores y de la violación incestuosa, como ya estableció una sentencia constitucional en 2019, ya que previamente existía un plazo de hasta cuatro años después de alcanzada la mayoría de edad para presentar una denuncia por este tipo de delitos.
Entre los sectores críticos figura la organización Iglesias Evangélicas Unidas. Su presidente, el pastor Luis Aruquipa, dijo a EFE que no respaldan la denominada 'Ley Brisa' porque consideran que podría afectar garantías como la presunción de inocencia y la imparcialidad en los procesos judiciales.
Según Aruquipa, la propuesta permite que “con una sola denuncia” y “sin investigar” se pueda acusar a alguien de violación de menores, por lo que consideró que, antes de aprobar una iniciativa de esa naturaleza, se debe primero “formar” a jueces, fiscales e investigadores para tratar este tipo de delitos.
También, señaló que el proyecto “debe volver a foja cero”, ya que, según dijo, en su formulación no se tomó en cuenta a operadores de justicia y otros especialistas, sino “solamente a las ONG, fundaciones y algún que otro diputado”.
Algunas organizaciones religiosas cuestionan el aumento de cinco años a la condena judicial final cuando el agresor sea un funcionario público o líder espiritual que, aprovechando su condición, incurra en el delito de violación contra menores de edad.
Gabriel Romano Burgoa
(c) Agencia EFE