El gobierno de Honduras desmanteló el viernes una unidad policial a cargo de la lucha contra las pandillas, tras la muerte de cinco de sus agentes en un operativo antidrogas plagado de irregularidades, informó la presidencia.
El escuadrón estaba señalado además de abusos contra los derechos humanos, por lo que Estados Unidos, que en un inicio entrenó a sus miembros, le retiró el apoyo durante el gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro (2022-2026).
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el mandatario conservador Nasry Asfura, decidió la "cancelación" del grupo al constatar graves fallos en el operativo que terminó con el asesinato de los policías el pasado 21 de mayo.
Por ese caso, registrado en la localidad de Omoa (fronterizo con Guatemala), ya había sido suspendida la cúpula de la Dipamco, la división desarticulada, que será ahora sustituida por otra unidad.
Según el gobierno, el operativo antidrogas carecía de orden judicial y hubo "encubrimiento" sobre su "naturaleza" y "propósito".
Los agentes fueron atacados cuando iban a allanar una casa donde supuestamente había miembros de una red vinculada a narcotraficantes mexicanos.
Tras ser sometidos, fueron ejecutados.
La Dipamco ganó protagonismo en el marco de un estado de excepción con el que la presidenta Castro intentó sin éxito replicar la ofensiva del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas.
Organizaciones humanitarias acusaron entonces a la célula policial de abuso de autoridad, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones.
"Hubo algunos eventos de la Dipamco que violentaron los derechos humanos (...) y por esa razón Estados Unidos pensó que no llegaba a los requisitos", dijo el viernes a la AFP Danilo Orellana, excomisionado de la Policía Nacional.
Honduras, con una tasa de homicidios de 24 casos por cada 100.000 habitantes, ha sido sacudida en las últimas semanas por varios hechos de violencia.
El mismo día que mataron a los policías, un comando armado asesinó a 19 personas en el poblado de Trujillo (norte), azotado por bandas que usurpan fincas de una empresa privada para explotar palma africana, además de pelearse rutas del narcotráfico.
En ese contexto, el Congreso aprobó la semana pasada una reforma para designar a las pandillas como terroristas y aumentar las penas considerablemente a sus integrantes. También autorizó a los militares a participar en tareas de seguridad pública.
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