El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del gobierno en Nicaragua, fue sepultado de forma exprés en Managua la noche del domingo, informó la prensa oficialista.
El líder murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención.
Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un "preso de conciencia" de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.
Tras un velatorio de pocas horas en el que participaron diputados oficialistas, miembros de una iglesia evangélica y amigos "acompañaron el sepelio" de Rivera "elevando oraciones y muestras de cariño en su despedida", informó el canal 4 de la televisión estatal en la red social X.
El canal publicó fotos del ataúd del líder indígena, que fue sepultado en el cementerio privado Sierra de Paz, al sureste de Managua.
Según un comunicado del ministerio de Salud, Rivera sufría un "deterioro físico y neurológico" como "consecuencia de una bacteria generada por el virus del covid 19".
Desde el exilio la hija del dirigente, Tininiska Rivera, había solicitado al gobierno que le permitiera regresar para despedirlo conforme a las "tradiciones" del pueblo miskitu.
También desmintió en un comunicado la versión oficial de que Rivera estuvo acompañado de parientes en sus últimos momentos de vida.
El exdiputado estaba hospitalizado por múltiples enfermedades, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial y demacrado, y la víspera reconoció que su condición era "crítica".
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en X estar "profundamente preocupado" por la muerte de Rivera "bajo custodia del Estado", por lo que demandó una "investigación inmediata, independiente y transparente" y la liberación de "todos los presos políticos".
- De la ONU a prisión -
Rivera era un reconocido líder miskito y del partido indígena Yatama (Hijos de la madre tierra unidos), que defiende los derechos de las comunidades originarias de Nicaragua.
Las autoridades nunca hicieron públicos los cargos en su contra.
Pero según reportes de prensa, en noviembre de 2024 el gobierno admitió ante la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU que se había levantado su inmunidad parlamentaria para investigarlo por delitos como traición a la patria.
Meses antes de ser encarcelado, en abril de 2023, Rivera participó en un foro de la ONU en Nueva York, donde denunció las problemáticas de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua.
Al regresar se le impidió el ingreso al país, pero luego entró clandestinamente.
En un video grabado entonces, afirmó que volvía consciente del "riesgo" y que lo hacía por "amor" a su "tierra" y a su "pueblo".
Posteriormente fue apresado y se le impedía tener contacto con la familia.
- Un centenar de desaparecidos -
Al exigir una prueba de vida el pasado 1 de mayo, un grupo de expertos de la ONU aseguró que el líder indígena formaba parte de un grupo de 112 personas "desparecidas forzadamente".
"Las condiciones de detención en Nicaragua son, según informes, inhumanas y quienes han sido desaparecidos forzadamente podrían haber sido sometidos a tortura y otros tratos crueles", afirmaron los juristas.
La Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (Ajim) sostuvo que "ningún pueblo debería despedir a sus líderes en las condiciones en que hoy despedimos a Brooklyn".
Estados Unidos exigió el pasado viernes su liberación "incondicional" y tildó de "abominable" la "represión, violencia e inhumanidad" de la "dictadura" de Ortega y Murillo.
Rivera integró la Alianza Revolucionaria Democrática (Arde) liderada por el fallecido Edén Pastora, alias Comandante Cero, que se alzó contra el gobierno del Frente Sandinista en la guerra civil de los "contras" en la década de 1980.
También fue líder de la milicia indígena Misurasata. Tras la guerra civil fue profesor universitario y diputado.
Ortega, de 80 años, y Murillo, de 74, mantienen un fuerte control sobre opositores tras las protestas de 2018 que dejaron unos 300 muertos, centenares de detenidos y forzaron a cientos de miles al exilio.
El gobierno denunció esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Según la oposición, Ortega enfrenta problemas de salud por lo que Murillo hace una purga interna para garantizar la sucesión.
bur/cmm/axm/ad/mel/lb