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El gobierno de Guatemala destituyó este martes al jefe de la policía y a otro alto oficial cuestionados tras el asesinato hace dos semanas de un exfiscal anticorrupción, informó el Ejecutivo.
El país centroamericano se estremeció el pasado 17 de octubre con el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, baleado frente a su hijo en una cancha de fútbol de la capital, pese a que tenía escolta policial.
Solórzano, de 43 años, denunciaba nexos entre políticos y pandilleros, y llegó a señalar incluso al saliente director de la policía, David Custodio. El oficial fue despedido junto a su jefe de operaciones, Esvin Quiché.
"Estamos decididos a construir una institución profesional, eficaz y transparente donde nadie esté por encima de la ley", señaló el presidente Bernardo Arévalo en una rueda de prensa en la que se anunció la salida de los oficiales.
Su ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que los cambios en la cúpula son parte de una "evaluación" a la policía anunciada días después del asesinato del exfiscal.
Solórzano denunciaba vínculos entre políticos y autoridades con la pandilla Barrio 18, la más poderosa del país, y acusó directamente al destituido director.
"Es un tipo que está coludido con el crimen organizado", aseguró Solórzano en un pódcast en agosto pasado, cuando ya se había retirado de la fiscalía, al vincular al entonces jefe policial con la Barrio 18.
El exfuncionario sostuvo entonces que Custodio "facilitó y promovió la fuga" de 20 líderes de esa pandilla de una cárcel de alta seguridad hace un año.
Al presentar a Erick Osoy como nuevo director de la policía, el ministro Villeda descartó denunciar a Custodio por los señalamientos de estar involucrado con el crimen organizado.
"No soy de actuar con base a denuncias sin evidencia", declaró el ministro.
Custodio estaba en el cargo desde que Arévalo asumió el poder en enero de 2024.
La policía fue cuestionada en particular por la detención y posterior liberación por "falta de mérito" de dos personas que habían sido involucradas en el caso.
Siete policías son procesados por supuestamente haber sembrado un arma a los capturados.
El crimen del exfiscal conmocionó al país en medio de un recrudecimiento de la criminalidad y de las tensiones políticas de cara a las elecciones generales de 2027.
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