Descargá nuestra aplicación desde Playstore. 
Descargá nuestra aplicación desde Playstore. 
El partido oficialista de Costa Rica presentó este martes ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para incorporar la reelección presidencial consecutiva, una iniciativa que favorecería a la mandataria conservadora Laura Fernández, aliada de Estados Unidos.
Considerado uno de los países más estables de Latinoamérica, Costa Rica prevé en su Carta Política que los presidentes puedan volver a aspirar al cargo dos periodos después de haber ejercido el poder, es decir ocho años tras su salida del cargo.
El movimiento derechista Pueblo Soberano presentó la propuesta de modificación de la Constitución en medio de fuertes críticas de la oposición contra la presidenta, en el poder desde mayo.
Aliada del presidente Donald Trump, Fernández es señalada de amenazar el sistema democrático.
La reforma tiene "la finalidad de que el pueblo (...) tenga la posibilidad de que la continuidad de un buen trabajo que haya realizado un gobierno pueda reelegirse de manera continua", dijo a periodistas el diputado Osvaldo Artavia.
La iniciativa no promueve una reelección indefinida, sino la reelección inmediata por una única vez.
Para aprobar la reforma constitucional se requiere de una mayoría calificada de 38 de los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa. Pueblo Soberano tiene 31 congresistas.
La propuesta fue rechazada por diputados de oposición, como Claudia Dobles, quien consideró que el partido gobernante busca la "perpetuación en el poder".
Además, consideró que el principal beneficiado sería, además de la presidenta, su mentor, el expresidente Rodrigo Chaves y actual ministro de Hacienda.
"Es una propuesta que esencialmente tiene un objetivo y es garantizarle la inmunidad permanente a una persona que tiene mucho que responder ante la justicia", comentó el jefe de fracción del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, en alusión al exmandatario.
Fernández asumió el poder en sustitución de Chaves y ha enfrentado masivas manifestaciones de rechazo a una propuesta de reforma al Poder Judicial, al que acusa de inacción frente a la creciente violencia del crimen organizado.
Sus adversarios creen que, de aprobarse, la justicia podría politizarse.
El pasado martes, miles de estudiantes, sindicalistas y activistas sociales protestaron por un recorte de casi 18 millones de dólares de un fondo especial para educación que, según los manifestantes, afectará principalmente a las becas y la admisión de nuevos estudiantes.
ec/vel