INTERNACIONALES
REPUDIO ACADÉMICO INTERNACIONAL
La medida fue confirmada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que conduce Esteban Leguízamo. Según informó el organismo, las investigaciones detectaron cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y múltiples incumplimientos administrativos y sanitarios.
Desde el organismo señalaron que las auditorías forman parte de un esquema de control permanente destinado a mejorar la calidad de atención y evitar maniobras fraudulentas dentro del sistema prestacional. Además, remarcaron que las bajas no afectarán la continuidad de tratamientos para los afiliados.
Uno de los casos más relevantes detectados por el PAMI ocurrió en la provincia de Tucumán e involucró al policonsultorio Sanarte S.R.L., ubicado en San Miguel de Tucumán. Allí se detectaron problemas de habilitación, legajos profesionales incompletos y demoras de hasta 21 días para conseguir turnos en especialidades médicas.
La auditoría también reveló prácticas consideradas incompatibles con una atención adecuada. Según el informe, el establecimiento otorgaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, además de presentar historias clínicas sin firmas médicas y estudios sin respaldo documental.
Otro expediente importante se abrió en la provincia del Chaco, donde el organismo rescindió el contrato de un prestador médico identificado como J.C. Las investigaciones detectaron inconsistencias administrativas y deficiencias en la documentación clínica presentada para justificar prestaciones facturadas al sistema.
Tras considerar insuficientes los descargos realizados por el profesional, el PAMI avanzó no solo con sanciones administrativas, sino también con una denuncia penal ante la Justicia para determinar si existieron delitos vinculados a fraude o corrupción.
Las autoridades del organismo explicaron que ambos casos se inscriben en una investigación más amplia iniciada en 2025, cuando se denunciaron maniobras millonarias relacionadas con órdenes médicas electrónicas falsas y facturación apócrifa de prestaciones.
