INTERNACIONALES
REPUDIO ACADÉMICO INTERNACIONAL
En un fuerte giro que desató alarmas en los sectores previsionales y sindicales, el presidente Javier Milei reglamentó el funcionamiento del Fondo de Cese Laboral (FAL), el nuevo mecanismo introducido por la reforma laboral para sustituir el sistema tradicional de indemnizaciones. La mayor polémica del decreto radica en que el Estado autorizó la utilización de los fondos de la seguridad social y del sistema de jubilaciones para financiar la reestructuración de personal y los despidos en el sector privado.
La normativa establece que los aportes acumulados en estas cuentas —que originalmente debían resguardar el futuro de los trabajadores y sostener las cajas jubilatorias— podrán ser colocados en instrumentos financieros destinados a costear las desvinculaciones laborales. Desde la oposición y los equipos técnicos de los gremios denunciaron que esta medida representa un “vaciamiento encubierto” del sistema previsional, utilizando el dinero de los pasivos y activos para aliviar la carga económica de las corporaciones a la hora de recortar sus planteles.
El mecanismo del FAL busca generalizar el modelo que históricamente utilizó la UOCRA, pero con una vuelta de tuerca financiera que expone los recursos públicos a los vaivenes del mercado. Mientras el poder adquisitivo de los jubilados sigue perdiendo terreno frente a la inflación, la firma de este decreto desvía recursos estratégicos hacia el financiamiento del desempleo, consolidando un esquema donde el costo de la flexibilidad laboral termina siendo subsidiado, indirectamente, por las cajas del propio Estado.
