La propuesta de reforma para dotar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de facultades regulatorias para inspeccionar la brecha salarial de género, representa un cambio para pasar de la verificación de condiciones físicas de seguridad a la auditoría de estructuras organizacionales y categorías de remuneración.
En entrevista, Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, explicó que este mecanismo de supervisión obligatoria no se limitará a constatar la igualdad nominal en puestos idénticos, sino que obligará al Estado a desglosar los sistemas de pago en las empresas para identificar la segregación vertical, donde las mujeres quedan rezagadas en los niveles de menor ingreso a pesar de su volumen de participación en las plantillas.
De este modo, la reforma trasciende la perspectiva sancionadora tradicional e introduce un modelo de control estructural sobre la discriminación económica indirecta.
Además, esta iniciativa se vincula directamente con el escenario internacional, donde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantiene un seguimiento sobre el cumplimiento de México en materia de equidad laboral. Mercado señaló que este foco de atención se originó después de que la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) interpusiera un recurso formal durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, señalando la falta de avances del país en el cierre de la brecha salarial.
Ante este reclamo, el Comité de Administración del organismo internacional dictó un mandato que obliga al gobierno mexicano a profundizar en el proceso legislativo y a generar estudios específicos sobre la relación de ingresos entre hombres y mujeres, convirtiendo a esta reforma en una respuesta de rendición de cuentas institucional ante la comunidad internacional.
Respecto al proceso legislativo, la diputada detalló que el dictamen se encuentra en una fase avanzada tras haber sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Trabajo y contar con las opiniones favorables de las dependencias técnicas involucradas.
Debido a que el proyecto cuenta con un consenso previo construido desde la Cámara de Senadores donde confluyen las diferentes fuerzas políticas, se anticipa su aprobación ante el Pleno al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones. “Una vez que concluya el circuito de votación en ambas cámaras, el texto será remitido al Ejecutivo, que dispondrá de un plazo de treinta días para su eventual publicación y posterior entrada en vigor”, detalló.
Paralelamente a este dictamen, Mercado expuso que en el Congreso se perfilan otros temas que integrarán la agenda laboral del corto y mediano plazo. Entre las iniciativas bajo análisis destaca el proyecto de lactancia extendida, orientado a garantizar la estabilidad en el empleo mediante la prohibición de despidos injustificados durante los dos años posteriores al parto, obligando a los empleadores a demostrar causas graves ante un juez antes de proceder a cualquier rescisión.
Asimismo, se prevé la adecuación de leyes secundarias para normar los protocolos contra el acoso y la violencia en los centros de trabajo tras la ratificación del Convenio 190 de la OIT, la ampliación de las licencias de paternidad con cargo a la seguridad social y la revisión de los esquemas operativos de las empresas para asimilar la reducción de la jornada laboral que se aplicará el año entrante.