San Cristóbal de Las Casas (México), 13 jul (EFE).- Organizaciones civiles y víctimas de desplazamiento forzado y despojo territorial denunciaron este lunes una presunta estrategia de criminalización contra comunidades indígenas integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) que defienden su territorio en los municipios de Chilón, Ocosingo, Salto de Agua y Teopisca en Chiapas, al sur de México.
En conferencia de prensa, representantes del CNI señalaron que al menos cuatro conflictos mantienen en riesgo a familias tzeltales, donde —afirmaron— se pretende imponer proyectos de infraestructura sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
Tavita Jiménez, representante del CNI en Chiapas, denunció que un operativo realizado el 12 de febrero de 2026 en la comunidad de Jotolá, municipio de Chilón, dejó nueve familias desplazadas, viviendas destruidas, dos integrantes del movimiento detenidos y órdenes de aprehensión contra otros miembros de la organización.
Añadió que las familias desplazadas integradas por 38 adultos y 25 infantes enfrentan condiciones de precariedad, sin acceso a vivienda ni empleo, mientras continúan los procesos judiciales contra integrantes del CNI, a quienes consideran víctimas de persecución por defender su territorio.
María de Jesús Sánchez, madre de cinco hijos, dos de ellos con discapacidad, relató que ella y su familia fueron víctimas de despojo. Afirmó que tanto ella como sus hijos y su esposo, Francisco Moreno Hernández —procesado por el presunto delito de despojo agravado— han sido afectados por esta situación, por lo que exigió su liberación.
"Lo que vivieron los niños fue traumático la afectaciones psicológica, ellos no podían dormir, están angustiados angustiados y se preguntan qué va a pasar", expresó Sánchez.
Además, integrantes del CNI denunciaron el despojo de espacios de trabajo de 39 locatarios tzeltales del Mercado Tradicional en Ocosingo. Aseguraron que han enfrentado bloqueos, destrucción de locales, amenazas y denuncias penales que, sostienen, buscan debilitar su organización comunitaria.
Asimismo, representantes de diez familias de la comunidad Agua Clara, en el municipio de Salto de Agua, denunciaron amenazas de desalojo y hostigamiento que, afirmaron, se han prolongado por más de una década y que se han intensificado con las obras relacionadas con la autopista San Cristóbal-Palenque.
"El problema es un banco de arena, que quieren explotar, sabiendo que están destruyendo la madre tierra y nos quieren despojar", expresó Tomás López, representante de comuneros de Agua Clara.
En tanto, habitantes de la comunidad San Francisco, municipio de Teopisca, rechazaron el proyecto carretero San Cristóbal-Teopisca al considerar que afectará tierras de cultivo, manantiales, zonas boscosas y sitios sagrados. También señalaron que las comunidades nunca fueron consultadas conforme a los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
Por su parte, la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Dora Lilia Roblero García, afirmó que existe un patrón de agresiones contra pueblos originarios que ejercen su derecho a la autonomía y la libre determinación, situación que pone en riesgo su integridad, organización comunitaria y formas de vida.
(c) Agencia EFE