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Article 19, más de 40 organizaciones y ocho personas defensoras denunciaron este miércoles que las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Relaciones Exteriores (SRE) y Gobernación (Segob) obstaculizan la verificación de los avances de México en la implementación del Acuerdo de Escazú, al no proporcionar documentación completa sobre la hoja de ruta, el plan nacional y los diagnósticos del proceso.
En un comunicado, señalaron que, pese a que el gobierno mexicano reportó avances durante la Cuarta Conferencia de las Partes (COP4) del acuerdo, realizada en abril de 2026, y en una reunión con organizaciones civiles el 17 de junio, las autoridades no han puesto a disposición los documentos que respaldan esos anuncios.
Además, afirmaron, Semarnat y la SRE se remitieron mutuamente las solicitudes de información sin responder lo requerido.
Foto: Archivo / Susana Muhamad.
Las organizaciones advirtieron que esta situación impide evaluar las acciones previstas, las instituciones responsables, los plazos y los recursos destinados a cumplir los compromisos ambientales. También dificulta verificar si las medidas para proteger a las personas defensoras del territorio responden a los riesgos que enfrentan.
"Los avances anunciados por el gobierno mexicano en la implementación del Acuerdo de Escazú no han podido ser verificados", señalaron las organizaciones firmantes.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional que establece compromisos para garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en las decisiones que afectan al medio ambiente y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. También incluye disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
México firmó el acuerdo el 27 de septiembre de 2018 y el Senado lo ratificó el 5 de noviembre de 2020. El instrumento entró en vigor en la región el 22 de abril de 2021.
Las organizaciones explicaron que presentaron solicitudes de acceso a la información para conocer los documentos que sustentaban los avances comunicados por el gobierno. Entre las respuestas recibidas hubo declaraciones de incompetencia, dificultades para localizar información, desechamiento de solicitudes y documentación insuficiente.
En respuesta a una solicitud, la Segob informó que no localizó los documentos requeridos, mientras que Semarnat indicó que los instrumentos continuaban en elaboración y revisión interinstitucional.
Las organizaciones recordaron que, durante la COP4, celebrada del 21 al 24 de abril de 2026 en Nassau, Bahamas, el gobierno mexicano informó que ya contaba con un documento inicial de la hoja de ruta para implementar sus compromisos.
En esa reunión, Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), presentó los avances de la estrategia nacional, orientada a garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras del territorio.
La estrategia contempla acciones a corto, mediano y largo plazo. Entre sus componentes se encuentra la conformación de un grupo interinstitucional integrado por Segob, Semarnat, Profepa, SRE, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
También se anunció la elaboración de un diagnóstico que integraría trabajos previos de dependencias gubernamentales, organizaciones civiles, academia, comunidades y empresas, así como una hoja de ruta alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y los programas sectoriales.
Foto: Archivo / @SEMARNAT_mx
De acuerdo con la información difundida en abril, el documento inicial sería sometido a un proceso participativo para incorporar aportaciones de distintos sectores. La Profepa preveía concluirlo durante 2026.
El 17 de junio, durante una reunión con organizaciones de la sociedad civil y representantes de la SRE, Segob, Semarnat y otras autoridades, las instituciones también reportaron avances en la implementación del acuerdo; sin embargo, las respuestas posteriores a las solicitudes de información no permitieron a las organizaciones conocer el contenido y el estado de los instrumentos anunciados.
Otro de los señalamientos se refiere a la actuación de Semarnat y la SRE, que, según el comunicado, se remitieron mutuamente las solicitudes y negaron tener la capacidad para responderlas. Ninguna de las dos dependencias entregó la información requerida.
Para las organizaciones, esta actuación dificulta identificar qué institución conserva los documentos y cuál debe responder por cada parte del proceso. La dispersión de responsabilidades también limita el seguimiento público de los compromisos y la posibilidad de exigir explicaciones sobre su cumplimiento.
Las firmantes sostuvieron que contar con los instrumentos de implementación es necesario para determinar si los compromisos internacionales se traducen en medidas concretas, identificar retrasos y vacíos y formular propuestas desde la sociedad civil.
Asimismo, señalaron que la construcción de la hoja de ruta y los planes de trabajo debe garantizar la participación pública desde las etapas iniciales, de manera que la ciudadanía pueda incidir en la definición de prioridades, acciones y mecanismos de seguimiento, en lugar de limitarse a validar documentos previamente elaborados.
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Las firmantes señalaron que las respuestas de las tres dependencias plantean dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el propio Acuerdo de Escazú.
Este último establece que los Estados deben garantizar el acceso del público a la información ambiental que se encuentre en poder, bajo control o custodia de las autoridades, conforme al principio de máxima publicidad.
Aunque reconocieron la disposición de las instituciones para mantener espacios de diálogo y reuniones de seguimiento con la sociedad civil, consideraron que estos deben acompañarse de respuestas completas a las solicitudes y de la publicación de los documentos que respaldan los avances anunciados.
Por ello, hicieron un llamado a Semarnat, la SRE y Segob para garantizar el acceso a la información pública y ambiental y hacer públicos los instrumentos relacionados con la implementación del acuerdo.
Foto: Archivo / Iris Olivera / DAR.
La denuncia ocurre en un contexto de riesgos para quienes defienden los derechos ambientales en México. El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento ambiental regional que incorpora disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En abril de 2026, antes de la COP4, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó su informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales en México durante 2025. El documento registró 10 agresiones letales contra personas defensoras del territorio en ese año.
El informe identificó el agua, el territorio y el suelo entre los sectores con mayores riesgos para ejercer la defensa ambiental, con conflictos registrados principalmente en Jalisco, Puebla, Zacatecas y Ciudad de México. También señaló al Estado como el principal agente agresor contra personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales.
En este contexto, las organizaciones señalaron que el acceso a los documentos de implementación permitiría evaluar las acciones gubernamentales y dar seguimiento a las medidas de protección previstas para quienes defienden el territorio y los recursos naturales.
El comunicado fue firmado por Article 19 México y Centroamérica, el CEMDA y decenas de organizaciones y colectivos, entre ellos Servicios del Pueblo Mixe, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Cultura Ecológica, el Foro Oaxaqueño del Agua y la Red Nacional para la Defensa Jurídica del Territorio y la Implementación del Acuerdo de Escazú.
También lo suscribieron ocho personas defensoras: Calypso Amanda Mejía López, Claudia Felicitas Partida Ibarra, Edwin Carlos Valenzuela Gutiérrez, Florina Mendoza Jiménez, Guadalupe Santaella Rivas, Jarumy Esmeralda Méndez Reyes, José Ernesto Ruiz López y Valentina Campos Cabral.