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El chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles (21.10.2026) revisar la Ley orgánica de la Contraloría General, específicamente "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas en Venezuela, tras concluir su tercer ciclo de diálogo que comenzó hace una semana.
Ambas partes hicieron este pronunciamiento en un momento en el que la oposición ha pedido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, y que pueda regresar a su país para liderar una transición ante una eventual elección presidencial.
Los partícipes en el diálogo también acordaron "iniciar un proceso de revisión profunda de diversos instrumentos legales", como la Ley de partidos políticos para "garantizar la participación de todos los actores" en "aras de fortalecer la democracia", según leyó la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.
Además, propusieron la revisión de la Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024 por el Parlamento, presidido por el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, y que contempla penas de entre veinticinco y treinta años de prisión, así como multas millonarias y sesenta años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones contra el Gobierno.
Concluido este tercer ciclo de diálogo, Jorge Rodríguez informó que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre próximo.
También, las partes pactaron la revisión de la definición y tipificación del terrorismo en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El delito de terrorismo fue imputado a una gran cantidad de personas tras las presidenciales de 2024, que fueron acusadas de vandalismo y violencia, y calificados por el entonces fiscal general, Tarek William Saab, como terroristas en medio de una crisis poselectoral.
Ese año, el abogado Joel García dijo a EFE que a los detenidos se les imputaba "por igual" el delito de terrorismo, pero no se individualizaban las conductas. Esto, añadió entonces el letrado, contravenía uno de los principios básicos del derecho, que establece que la responsabilidad penal es individual.
Así mismo, García dijo que la acusación de terrorismo era "un patrón sistemático y generalizado" contra la población disidente al Gobierno entonces presidido por Nicolás Maduro, quien fue proclamado en 2024 como ganador de las presidenciales por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y que no publicó los resultados detallados, como exigía su propio cronograma.
mg (efe, El Nacional)
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