La ofensiva del gobierno de Estados Unidos contra el Cártel Jalisco Nueva Generación ya no se concentra únicamente contra sus líderes. El 5 de agosto, su Departamento de Justicia hizo públicas acusaciones penales contra cinco presuntos jefes del cártel, junto con recompensas por más de 100 millones de dólares. Días antes, su Departamento del Tesoro sancionó a 55 personas y empresas ligadas al CJNG, incluido Juan Carlos Valencia, el Pelón, actual líder de la organización. Ahora la DEA anuncia haber identificado a funcionarios mexicanos que brindan protección al cártel. Es una acusación grave que exige pruebas contundentes.
Hasta ahora EU no ha identificado públicamente a un solo funcionario vinculado con esa acusación específica sobre el CJNG, ni ha presentado cargos formales ni evidencia alguna, algo que no es nuevo. El 29 de abril, el Departamento de Justicia solicitó la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador morenista con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, por presuntos vínculos con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. México pidió las pruebas por la vía diplomática y tres meses después, EU todavía no las ha entregado.
En años recientes, distintas agencias estadounidenses han investigado el lavado de dinero, el tráfico de fentanilo, el huachicol fiscal y las empresas fachada vinculadas con organizaciones criminales mexicanas, casos que terminaron en sanciones, decomisos relevantes y pocos procesos penales. Pero acusar a funcionarios de proteger a un cártel exige más que una declaración pública. Si EU dispone de pruebas sobre el CJNG, debería presentarlas ante los tribunales, no anunciarlas por adelantado, como sigue ocurriendo en el caso de Rocha Moya.
Existe además un riesgo de fondo. Convertir la cooperación bilateral en un intercambio permanente de señalamientos públicos sin procesos penales sólidos detrás podría erosionar más la credibilidad de ambos gobiernos.
Nada de esto minimiza el problema. Sería ingenuo suponer que organizaciones capaces de mover miles de millones de dólares, controlar territorios completos y operar durante décadas puedan hacerlo sin algún grado de protección institucional. La historia reciente confirma que esa infiltración existe. Lo que ahora falta es identificar con precisión quiénes han participado y acreditar judicialmente su responsabilidad.
Hay también un cambio de enfoque que merece atención. EU ya no limita su estrategia a perseguir cargamentos de droga: ahora designa como terroristas a las organizaciones criminales, investiga empresas, criptomonedas, fraudes electrónicos y presuntas redes de protección política, una visión mucho más amplia que la que ha predominado del lado mexicano.
Habrá que ver si México adoptará esa misma estrategia. Mientras EU construye expedientes financieros cada vez más complejos, las investigaciones mexicanas siguen concentrándose en capturar jefes, sicarios y operadores de bajo nivel, una estrategia que ha sido insuficiente para desmantelar organizaciones con la capacidad financiera del CJNG y otros grupos criminales.
La verdadera prueba llegará cuando EU identifique a los funcionarios. Y, sobre todo, cuando presente las pruebas contra ellos.
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