La Corte Penal Internacional declaró el viernes que recibió "con preocupación" la retirada de Venezuela y Chad de la institución y afirmó que estos países se arriesgan a socavar la búsqueda colectiva de la justicia.
Estados Unidos lanzó a mediados de julio una ofensiva diplomática contra este tribunal al que acusó de "amenazar" a los estadounidenses y llamó a sus socios a retirarse de la institución.
Venezuela, objeto de una investigación de este tribunal en La Haya, lo hizo a finales de julio alegando que la Corte está sesgada y centra su labor "de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos".
Chad, en el norte de África, siguió la misma senda días después también con el mismo argumento.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes, órgano legislativo de la CPI, "ha tomado nota de la situación con preocupación" y "lamenta estos acontecimientos".
En su comunicado, este órgano recuerda que la retirada de la Corte no libera a un Estado de las obligaciones surgidas durante el período en que fue parte en el Estatuto.
El tribunal inició en 2018 un examen preliminar por la actuación de las autoridades de Venezuela, entonces presidida por el ahora derrocado Nicolás Maduro, durante las protestas de 2017 que dejaron unos 200 muertos.
En 2021, la institución anunció la apertura formal de una investigación.
La presidenta Delcy Rodríguez, que ha estrechado relaciones con Estados Unidos tras la captura de Maduro, justificó la retirada de la CPI porque "se ha instrumentalizado (...) políticamente" contra su país.
Fundada en 2002, la Corte de La Haya tiene como misión procesar a los autores de los crímenes más graves cometidos en el mundo, cuando los países no tienen la voluntad o la capacidad de hacerlo por sí mismos.
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