En México, 29 entidades federativas reconocen a la violencia obstétrica en sus leyes. Sin embargo, que una conducta esté reconocida legalmente no significa necesariamente que sea un delito, ni que su incorporación a la legislación provoque una disminución en su incidencia, aseguran especialistas.
Un informe elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Uehiro Institute de la Universidad de Oxford y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM expone que la violencia obstétrica continúa siendo una experiencia frecuente para las mujeres que reciben atención durante el embarazo, el parto y el posparto.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 31.4% de las mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2021 reportó haber experimentado al menos una manifestación de violencia obstétrica. Esta proporción representa una reducción respecto al periodo anterior, pues en la ENDIREH 2016, 33.4% de las mujeres que habían tenido un parto entre 2011 y 2016 reportó alguna de estas experiencias.
Es decir, hubo una disminución de dos puntos porcentuales. Pero este dato, por sí solo, no permite afirmar que las leyes que reconocen o sancionan la violencia obstétrica sean responsables de esa reducción, aseguran las organizaciones elaboradoras del informe.
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De acuerdo con GIRE, la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra las mujeres y otras personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos.
Se genera en el ámbito de la atención obstétrica, en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.
Por ejemplo, las investigaciones que realizaron las organizaciones para elaborar el informe detectaron las siguientes frases y acciones que son violencia:
Falta de respeto y abuso
"¿Así gritaba cuando lo hizo?".
Falta de consentimiento
Omisión sistemática del consentimiento verbal para realizar exploración física o vaginal.
Falta de confidencialidad
Pacientes descubiertas durante revisiones.
Discriminación
"La gorda", "la adicta", "la que huele mal".
Amenaza o coerción
"Hasta que no lo acepte (método anticonceptivo) no se puede ir del hospital".
Abandono o negación
Retrasar o demorar la atención como castigo:
"Se atendía con partera, ¡que se aguante!".
Negligencia / malas prácticas
Prácticas de rutina como cesáreas no justificadas.
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De acuerdo con GIRE, 29 estados contemplan una definición clara de la violencia obstétrica en sus leyes de protección civil o administrativa para identificarla formalmente como un tipo de violencia institucional y de género.
Sin embargo, solo ocho de estos 29 estados la catalogan como un delito castigado con cárcel o multas: Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Aguascalientes —cabe destacar que este último la sanciona bajo conductas delictivas reproductivas específicas, sin utilizar el nombre del término.
Las tres entidades federativas que no reconocen de manera explícita la violencia obstétrica en sus leyes locales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia son Jalisco, Michoacán y Sinaloa.
Una de las primeras precisiones necesarias respecto al reconocimiento de la violencia obstétrica es que los términos "reconocer" y "tipificar como delito" no son equivalentes.
Las entidades pueden incorporar a la violencia obstétrica dentro de sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia —con lo que reconocen jurídicamente a esta violencia y le atribuyen obligaciones a las autoridades para disminuirla—, pero esto no significa que ya sea considera un delito en el Código Penal estatal.
Utilizar el marco normativo como única vía para atender esta problemática no es suficiente, señala Rebeca Ramos, abogada y directora de GIRE.
"Abordar el problema desde un enfoque punitivo es insuficiente e individualiza un problema que es estructural, pues la penalización genera resistencias en el personal de salud y fomenta prácticas defensivas por temor a ser denunciados y enfrentar un proceso penal", explica Rebeca Ramos.
Además de que esta perspectiva "omite una realidad innegable: en muchos casos, las y los profesionales de salud, operan bajo condiciones de recursos limitados con sobrecarga de trabajo, escasa capacitación en temas específicos y falta de insumos para atender a las personas que requieren atención en materia obstétrica", destaca la abogada.
Esta diferencia es relevante porque una cifra como la de la ENDIREH no puede interpretarse como si 31.4% de las mujeres hubiera sido víctima de un delito, ya que la encuesta identifica experiencias y prácticas que pueden constituir manifestaciones de violencia obstétrica, pero la medición estadística y la acreditación jurídica de un delito son procesos distintos.
La criminalización, por sí sola, no resuelve estas condiciones, combatir la violencia obstétrica requiere cambios en la organización de los servicios, la formación del personal, la infraestructura, las condiciones laborales y los mecanismos de rendición de cuentas, se puede leer en el informe.
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De acuerdo con las organizaciones que elaboraron el informe, existe un grave problema para evaluar la efectividad de las políticas públicas: la principal base de datos nacional para dimensionar este fenómeno no se actualiza anualmente.
La ENDIREH es una encuesta quinquenal que permite comparar los periodos 2011-2016 y 2016-2021, pero no existe una nueva edición comparable que permita saber si la prevalencia cambió entre 2021 y 2026.
Esto limita la posibilidad de evaluar con rapidez el impacto de las reformas legales y de las políticas públicas implementadas en los últimos años. Por ello, la pregunta no solamente es cuántas mujeres experimentan violencia obstétrica, sino cómo sabe el Estado si sus medidas para combatirla funcionan.
También es importante resaltar que el nivel de conocimiento sobre la violencia obstétrica varía. Muchas mujeres no identifican que han vivido esta situación porque diversas prácticas de maltrato o intervención médica sin consentimiento se han normalizado durante años en los servicios de salud.
A esto se suma el desconocimiento por parte de las y los profesionales de la salud. El doctor por el Instituto Uehiro de la Universidad de Oxford, César Palacios, puntualiza que para realizar este reporte analizaron los planes de estudios de la carrera de medicina de distintas universidades a nivel internacional y detectaron que no se hace mención sobre qué es la violencia obstétrica y de género dentro de la ética médica.
"A la par de las medidas legislativas, es necesario observar cómo se están formando los futuros médicos. No existe ninguna formación acerca de la violencia obstétrica, lo cual es bastante preocupante", destaca César Palacios.
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De acuerdo con los datos publicados en la ENDIREH más reciente, la prevalencia de esta agresión fue mayor entre mujeres con discapacidad, quienes reportaron experimentar violencia obstétrica en 43.9% de los casos frente a 30.4% entre mujeres sin discapacidad ni limitaciones.
Otro dato es la estadística entre adolescentes de 15 a 19 años con discapacidad, que llegó a 55.4%.
También existen diferencias relacionadas con el lugar en el que ocurre el parto. Entre las mujeres que dieron a luz en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 39.8% reportó alguna manifestación de violencia obstétrica, mientras que en el sector de salud privado la proporción fue de 15.1%.
El informe analiza 64 casos de violencia obstétrica y 12 casos de muerte materna acompañados por GIRE. A partir de estos expedientes, identificaron problemas que van más allá de una interacción entre la paciente y el personal médico como la falta de infraestructura, los traslados, las respuestas clínicas tardías, las deficiencias en la atención y los mecanismos institucionales que pueden terminar trasladando la responsabilidad hacia las propias pacientes.
Por ejemplo, en los 10 casos analizados de mujeres indígenas, GIRE encontró que todos tuvieron una respuesta clínica tardía y que 88% requirió un traslado debido a falta de infraestructura en la unidad de atención primaria.
"Los datos disponibles permiten afirmar que la violencia obstétrica continúa siendo una experiencia frecuente y que aproximadamente una de cada tres mujeres que tuvo un parto durante el periodo analizado reportó alguna de sus manifestaciones", aseguran las colaboradoras del reporte.
Para saber si las políticas públicas están funcionando se necesitan mediciones periódicas, información sobre denuncias y sanciones, evaluación de las condiciones de los servicios de salud y datos que permitan identificar qué ocurre con las mujeres después de presentar una queja o denuncia.
Así, el reto no es únicamente que la violencia obstétrica esté escrita en una ley, sino identificar cómo esa legislación se traduce en mejores condiciones de atención, prevención y acceso a la justicia para las mujeres.
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