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El caso Ueno Bank es uno de los mayores escándalos financieros y políticos recientes de Paraguay. Combina posibles irregularidades bancarias, cientos de millones de dólares en fondos públicos, sospechas de conflictos de intereses y vínculos empresariales con Santiago Peña, quien renunció el jueves 5 de noviembre de 2026 a la presidencia del país.
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank por graves problemas de solvencia. La Fiscalía abrió una investigación penal por presuntas irregularidades financieras y ya imputó a 27 personas.
El escándalo precipitó la renuncia de Peña. Poco después, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político, pese a su dimisión. La decisión sobre la continuidad del procedimiento quedó en manos del Senado.
Ueno Bank es un banco digital paraguayo perteneciente al Grupo Vázquez, un conglomerado empresarial local. Creció extraordinariamente rápido y llegó a tener alrededor de tres millones de clientes, una cifra enorme en relación con la población de Paraguay. El problema es que, mientras crecía, comenzaron a aparecer indicios de que había concedido préstamos excesivos a empresas relacionadas con sus propios propietarios.
Debate sobre el juicio político contra Santiago Peña en la Cámara de Diputados de Paraguay, poco antes de su renuncia a la presidencia.Jorge Saenz/AP Photo/picture alliance
El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió intervenirlo porque su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo legal. Es decir, el banco no contaba con el respaldo patrimonial suficiente para afrontar los riesgos que había asumido. Se suspendieron sus operaciones y millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas.
Las investigaciones apuntan principalmente a tres problemas:
Préstamos a empresas vinculadas: Ueno habría concedido créditos a compañías del mismo grupo económico, presuntamente superando los límites legales. Posibles maniobras financieras: determinadas operaciones pudieron servir para ocultar problemas patrimoniales y presentar una situación financiera mejor que la real. Supervisión cuestionada: existen dudas sobre por qué el Banco Central no actuó antes pese a las advertencias.
Ueno Bank recibió enormes depósitos de instituciones estatales, particularmente del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos jubilatorios y prestaciones sociales. Según informaciones publicadas por distintos medios, Ueno Bank llegó a administrar entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos.
El problema no es solamente el volumen de dinero, sino también su concentración en una entidad financiera que terminó intervenida. Además, surgieron cuestionamientos porque el IPS habría superado los límites legales de inversión en Ueno Bank, mientras otras instituciones públicas continuaban depositando recursos en la entidad. Esto genera interrogantes sobre las decisiones de los organismos estatales y los riesgos a los que quedaron expuestos los fondos públicos, incluidos los destinados a jubilaciones.
Hay dos vínculos fundamentales. Primero: su relación empresarial con el Grupo Vázquez. Peña mantuvo una relación empresarial con Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025, cuando ya ocupaba la presidencia de Paraguay. El expresidente negó haber tenido participación directa en el banco.
Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de Paraguay el 5 de noviembre de 2026.Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
Segundo: el nombramiento del presidente del Banco Central. En 2023, Peña designó a Carlos Carvallo como presidente del BCP. ¿El problema? Carvallo había dirigido anteriormente la financiera Ueno, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la independencia de la supervisión bancaria. El 3 de noviembre presentó su renuncia a pedido de Peña.
El 4 de noviembre, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 personas vinculadas a empresas del mismo grupo económico. Se investigan presuntos delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situaciones de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para Federico Miguel Vázquez Villasanti y medidas cautelares para los demás imputados. El 5 de noviembre, un juez ordenó prisión preventiva para varios exdirectivos, incluido Vázquez, y arresto domiciliario para dos de las imputadas.
En el plano financiero: el Banco Central inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Los depósitos cuentan con una garantía legal de hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante, aproximadamente 37.600 dólares. Además, se promulgó una ley que permite adelantar la devolución de hasta 121,76 millones de guaraníes por ahorrista, alrededor de 20.000 dólares. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cuándo podrán recuperar su dinero los ahorristas y qué ocurrirá con los depósitos que superan el límite garantizado.
En el plano político, la sucesión de Santiago Peña tras su renuncia corresponde constitucionalmente al vicepresidente Pedro Alliana. El Congreso deberá elegir a un nuevo vicepresidente para completar el mandato, que concluye en agosto de 2028. El alcance total de las consecuencias del escándalo aún está por determinarse.
(ms)