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Ciudad de Guatemala, 17 oct (EFE).- El Ministerio de Gobernación (Interior) de Guatemala investiga este sábado las hipótesis y el móvil del ataque armado donde fue asesinado el abogado y exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa y otra persona en la capital del país.
"Estamos en una etapa de recolección de evidencias para construir una investigación sólida y colaborar con el trabajo independiente del Ministerio Público (Fiscalía). No vamos a adelantar conclusiones ni a excluir ninguna hipótesis, ya que la verdad debe prevalecer con pruebas", declaró el titular del Ministerio, Marco Antonio Villeda, durante una rueda de prensa.
El ministro del Interior detalló que preliminarmente se sospecha que en el hecho habrían participado cuatro personas, al tiempo que la Policía detuvo a Rigoberto Choc Toz, de 30 años —exsoldado del Ejército entre 2017 y 2019—, y a Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18 años, incautándoles una carabina y una motocicleta que actualmente están en proceso de verificación balística y videoforense.
Asimismo, Villeda precisó que el exfiscal contaba con protección policial desde 2010 tras investigar a la pandilla Barrio 18, esquema reforzado el año pasado por su perfil público. No obstante, puntualizó que al momento del ataque sus escoltas custodiaban a su hijo menor a entre 30 y 40 metros de distancia por instrucción directa de Solórzano Foppa.
En el suceso, acaecido en el complejo deportivo público conocido como Campo Marte, a pocos kilómetros del centro de la capital, falleció también Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, considerado por la cartera del Interior como una "víctima colateral".
Solórzano Foppa dirigió la Dirección de Análisis Criminal (2013-2016) de la Fiscalía y la Superintendencia de Administración Tributaria (2016-2018), donde promovió intervenciones para cobrar tributos eludidos por grandes empresas e impulsó peritajes clave en el caso 'La Línea', que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015.
Posteriormente asumió la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín, proceso por el cual en 2023 fue procesado por supuesta obstaculización a la acción penal en una causa denunciada por organismos internacionales como persecución de tinte político.
Según el titular de la cartera del Interior, para esclarecer el crimen, las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas balísticas, estudios videoforenses y declaraciones testificales, bajo estricto respeto a la presunción de inocencia.
"Estamos haciendo una investigación para establecer la verdad, no para que la narrativa se adecúe a la detención de estas personas", enfatizó Villeda.
Por su parte, la Fiscalía confirmó a través de un comunicado que asumió la dirección del caso y que examinará todas las "hipótesis razonables bajo un estricto rigor científico, orientando sus actuaciones por la dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad y a la justicia".
(c) Agencia EFE