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El exfiscal anticorrupción y abogado de casos de altísimo perfil Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado por sicarios este sábado 17 de octubre mientras jugaba fútbol en un campo en Ciudad de Guatemala, en un crimen que el presidente Bernardo Arévalo condenó enérgicamente.
Como cada sábado, Solórzano, de 43 años, acudió al complejo Campo Marte, en el este de la capital guatemalteca, para jugar fútbol. Hasta allá fue seguido por presuntos sicarios que abrieron fuego en pleno partido, dejándolo tirado en el campo con su uniforme deportivo y sus tacos de fútbol.
Además del abogado, se registró la muerte de otro hombre, Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años. Las autoridades reportaron haber recolectado 50 casquillos percutidos en la escena del crimen.
El portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, César Mateo, confirmó la detención de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de un servicio de entregas a domicilio, a los que se habría incautado una carabina dentro de la mochila para repartos.
Se trata de dos hermanos originarios de Senahú, Alto Verapaz: Rigoberto Choc Toz, de 30 años, exsoldado del ejército, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18. Ninguno de los dos tiene antecedentes penales.
De acuerdo con el relato de un medio local, cuando fueron trasladados a los tribunales, el mayor de los hermanos aseguró que habían llegado a Ciudad de Guatemala hace apenas dos días, en busca de oportunidades laborales, y negó que tuvieran consigo un arma.
El presidente Bernardo Arévalo calificó de "cobarde asesinato" el crimen de Solórzano, quien fue un acérrimo crítico de la controvertida exfiscal Consuelo Porras y llevó adelante varios casos relacionados con la corrupción y los vínculos de las pandillas con el poder político.
Arévalo aseguró que los autores, "materiales e intelectuales, deben pagar las consecuencias con todo el peso de la ley" y agregó que "todas las instituciones públicas deben cooperar para que este crimen se castigue".
Juan Francisco Sandoval, otro exfiscal de alto perfil que se encuentra actualmente en el exilio, recordó a Solórzano como el compañero con el que se inició "hace casi 24 años" como "pasantes en la agencia 19 de la Fiscalía Metropolitana".
Solórzano, considerado un emblema de la lucha contra la corrupción, formó parte de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público entre 2013 y 2016, y cobró notoriedad por liderar las labores de inteligencia en investigaciones de alto impacto, incluidos peritajes fundamentales en el caso 'La Línea', que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015, al develar un gigantesco esquema irregularidades en las aduanas.
A partir de 2016, fue director de la Superintendencia de Administración Tributaria, el ente recaudador de Guatemala, y en esas funciones llevó adelante el proceso judicial más grande de la historia de su país, que devino en el cobro de una multa de más de cien millones de dólares a la empresa Aceros de Guatemala.
Durante este periodo, la agencia tributaria logró recaudaciones históricas, mediante políticas de combate a la evasión y la defraudación fiscal, sobre todo de grandes empresas.
En 2023, ya separado de cargos públicos, Solórzano se unió brevemente al equipo de defensa del editor José Rubén Zamora, que a su vez se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia a la criminalización del periodismo y a la erosión de la independencia judicial en Centroamérica.
Solórzano pagó un precio por esa vinculación. Fue arrestado brevemente y acusado de obstrucción y ocultamiento o destrucción de evidencias, cargos que él inicialmente negó. Sin embargo, finalmente accedió a un acuerdo de culpabilidad, afirmando que sabía que no tendría un juicio justo si decidía afrontar el proceso.
En 2025, alegó una conexión entre la banda del Barrio 18 y el partido Unidad Nacional de la Esperanza, así como vínculos entre bandas criminales y el sistema judicial.
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En julio pasado, denunció vinculaciones entre empresas farmacéuticas que se habrían coludido con familiares de la exfiscal Consuelo Porras y funcionarios públicos para operaciones de blanqueo de capitales.
Dos días antes de su muerte, publicó un video en el que señaló que una operación supuestamente ejecutada por mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en la ciudad de Huité, en el departamento de Zacapa, para capturar a un narcotraficante de alto perfil ocasionó la muerte de ocho personas de la localidad, según él sin vinculaciones criminales, en una incursión en la que habrían participado más de 100 "elementos del Ejército que activaron sus armas en algún momento".
"Hoy fue asesinado un valiente. Lo asesinaron por serlo. Por no callarse", le dijo a la agencia EFE el analista político Daniel Haering.
Con Reuters, EFE y medios locales