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La Secretaría de Economía y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) acordaron la conclusión de la queja presentada bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC en la planta de Amphenol Optimize México, ubicada en Nogales, Sonora. El cierre del caso se dio tras la aplicación de un plan de remediación en el que la empresa resarció las violaciones a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de sus trabajadores.
Para subsanar las irregularidades detectadas en la planta dedicada a la manufactura de conectores, cables y componentes para las industrias automotriz y aeroespacial, Amphenol ejecutó el reinstalo de nueve trabajadores que habían sido despedidos de manera injustificada, a quienes les cubrió la totalidad de sus salarios caídos y prestaciones correspondientes.
Como parte de los compromisos asumidos para garantizar un entorno laboral neutral, la compañía emitió e implementó una declaración formal y directrices claras sobre el respeto a la libertad sindical. Asimismo, puso en marcha y difundió entre el personal un mecanismo interno de quejas diseñado para que los empleados puedan reportar cualquier represalia o incumplimiento de las políticas corporativas.
El conflicto se originó el 11 de abril de 2025, cuando el Sindicato Industrial Operaciones y Manufacturas presentó una petición ante el Comité Interagencial de Monitoreo y Aplicación del T-MEC en Estados Unidos. La organización gremial denunció que la dirección de la planta ejerció coerción durante una votación sindical para favorecer una opción afín a la empresa, desalentó la afiliación a un sindicato independiente y tomó represalias contra el personal.
Tras la solicitud de revisión realizada por la representación comercial estadounidense en mayo de ese mismo año, el Gobierno de México aceptó indagar el caso y coordinó con Amphenol la ejecución de las medidas correctivas.
A estas acciones se sumó la impartición de capacitaciones presenciales a los empleados por parte de las autoridades mexicanas y la habilitación de canales directos de denuncia anónima para vigilar el cumplimiento de la ley.
Una vez verificado el cumplimiento de cada una de las obligaciones por parte de la empresa y la autoridad mexicana, el USTR determinó la inexistencia de una denegación de derechos activa.
En consecuencia, se ordenó a la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos reanudar la liquidación de las entradas de mercancías procedentes de la instalación sonorense que se encontraban suspendidas.