México enfrenta un déficit habitacional de alrededor de 8.8 millones de hogares, por lo que el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Vivienda 2026–2030, con el objetivo de ampliar el acceso a vivienda y atender las carencias estructurales del sector.
El decreto, publicado recientemente en el Diario Oficial de la Federación, establece que el programa será obligatorio para las dependencias federales, lo que implica su integración en la planeación y ejecución del gasto público. De acuerdo con el documento, “es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.
El nuevo programa se alinea al Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y plantea como eje garantizar el derecho a la vivienda adecuada, con énfasis en población de bajos ingresos y en condiciones de vulnerabilidad.
El documento detalla la visión de la administración federal en materia habitacional. En lugar de centrarse únicamente en el financiamiento, plantea una estrategia que incorpora acciones de construcción, mejoramiento y regularización.
En ese sentido, señala que “el derecho a una vivienda adecuada trasciende la materialidad de un espacio construido”, lo que implica integrar factores sociales, territoriales y económicos en el diseño de la política.
Este enfoque también plantea una mayor participación del Estado en la coordinación de la política habitacional, a partir de un esquema que articula a distintos organismos públicos.
El programa articula sus objetivos a través de metas distribuidas entre los organismos de vivienda.
Entre los principales compromisos se encuentran:
500,000 viviendas nuevas, dirigidas a población sin seguridad social, a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
1.2 millones de viviendas, mediante esquemas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Más de 2 millones de créditos para mejoramiento, ampliación o construcción progresiva de vivienda, por medio del Infonavit.
100,000 viviendas adicionales, mediante el Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
1 millón de regularizaciones, para otorgar certeza jurídica, a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable.
Además, el programa contempla esquemas de renta social dirigidos a jóvenes, así como acciones de autoproducción y mejoramiento de vivienda.
El programa parte de un diagnóstico que identifica limitaciones en el acceso a vivienda para distintos segmentos de la población. El documento señala que “la población mexicana en situación de vulnerabilidad enfrenta obstáculos estructurales que limitan su acceso” a vivienda adecuada.
Entre los factores identificados se encuentran la caída en la construcción de vivienda, la disminución de la oferta de vivienda social y las restricciones en el acceso a financiamiento, especialmente para población en condiciones de informalidad laboral.
Asimismo, se reconoce que una parte relevante del parque habitacional se ha desarrollado mediante autoproducción, lo que refleja la falta de alternativas dentro del mercado formal.
La implementación del programa estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con otras dependencias federales.
El decreto establece que las acciones se financiarán con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese sentido, indica que “las acciones… se realizarán con cargo a los recursos aprobados”.
El programa incorpora el ordenamiento territorial como uno de sus ejes, con el objetivo de mejorar la localización de la vivienda y facilitar el acceso a suelo adecuado.
Entre las líneas de acción se incluyen medidas para promover suelo accesible y fortalecer la planeación urbana.