Bogotá, 26 abr (EFE).- La oleada de violencia en el suroeste de Colombia, que deja al menos 19 civiles muertos tras un ataque guerrillero con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, se trasladó a la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, con un cruce de acusaciones entre los principales candidatos.
El atentado perpetrado el sábado en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca, y atribuido por las autoridades a disidencias de las antiguas FARC, ha atizado el debate político sobre el conflicto armado y la paz a solo 36 días de las elecciones presidenciales.
El candidato del oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, condenó el ataque y expresó su "más enérgico rechazo" a lo que calificó como actos de barbarie contra la población civil, pero también planteó que existe una "inquietud legítima" sobre si estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca a sectores de extrema derecha en medio del proceso electoral.
"Resulta profundamente preocupante que estas acciones terroristas se presenten en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano a nuestro proyecto político", dijo Cepeda en redes sociales.
Críticas a la "paz total"
Desde la orilla opuesta, la candidata del partido opositor de derecha Centro Democrático, Paloma Valencia, rechazó la interpretación de Cepeda y lo acusó de desviar la atención, al tiempo que sostuvo que la política de "paz total" del presidente Gustavo Petro ha fracasado y es responsable del deterioro del orden público.
"El país no merece que desvíe la atención insinuando que esto busca favorecer a sectores políticos. Llegó el momento de asumir, con todas las letras, que la paz total fracasó", respondió Valencia a Cepeda en X.
La política de "paz total" de Petro incluye diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que no llegaron a buen puerto y también negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la Justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, sin resultados tangibles hasta ahora.
En la misma línea, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Firmes por la Patria, aseguró que la violencia reciente es consecuencia directa de esa estrategia y propuso una "guerra frontal, sin tregua ni negociación" contra los grupos armados ilegales.
"Estos no son actos aislados. Son parte de un plan de desestabilización del desgobierno de Petro y de sus cómplices", expresó el candidato en un comunicado publicado por su campaña.
Por su parte, Sergio Fajardo, del partido de centro Dignidad y Compromiso, expresó su solidaridad con las víctimas y afirmó que "Colombia vuelve a sangrar", al tiempo que consideró que la política de seguridad del Gobierno ha debilitado la autoridad del Estado y requiere una revisión urgente.
A las críticas también se sumó el expresidente Iván Duque (2018-2022) quien aseguró que los hechos recientes reflejan "las consecuencias de una política de apaciguamiento" que, a su juicio, ha debilitado la seguridad y reducido la capacidad ofensiva del Estado, al tiempo que expresó su respaldo a la fuerza pública.
El atentado en Cajibío se produjo en medio de una ola de acciones violentas en el sureste del país, donde en los últimos días también fueron perpetrados ataques con cilindros bomba contra unidades militares en Cali y Palmira, en el departamento de Valle del Cauca, que no dejaron víctimas.
Igualmente el sábado fue atacado un radar de la Aeronáutica Civil en el Cerro Santana, en el municipio de El Tambo (Cauca), todos estos hechos atribuidos por el Ejército a los distintos grupos que componen el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.
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