“La acumulación de capital cultural; la adquisición de conocimiento; es la clave de la movilidad social”. Michael Gove, político británico.
Cada año, millones de jóvenes mexicanos toman, en muchos casos forzados por su condición socioeconómica y por las limitaciones de acceso, dos de las decisiones económicas más importantes de su vida: primero, si estudian o no una carrera universitaria; segundo, qué tipo de formación profesional eligen.
De acuerdo con algunos estudios, esta decisión depende, en buena medida, de qué tan visible y creíble para las familias y los estudiantes sea el retorno esperado de la educación, medido como un incremento potencial del salario futuro.
Los datos de la OCDE, publicados en Education at a Glance 2025, ofrecen una respuesta clara: en México, ese retorno es de los más altos del mundo desarrollado y de las economías emergentes, pero el país sigue teniendo uno de los menores niveles de acceso a la educación entre los países pertenecientes a esa Organización.
Solo el 29% de los mexicanos de entre 25 y 34 años cuenta con estudios universitarios completos, frente al promedio de 48% de los países de la OCDE. Estamos entre los últimos del grupo.
Los datos apuntan a que México está en una fase de expansión del acceso a la educación superior, en la que, en las próximas 2 décadas, podría alcanzar poco menos del 40%. Tiene que considerar los elementos clave del diagnóstico.
En primer lugar, hay una contracción significativa de la participación en la educación superior y, en consecuencia, una expansión de la participación privada en ella. Las limitaciones fiscales disminuyen la posibilidad de ampliar la oferta de servicios educativos públicos universitarios para la población, en particular para los segmentos de ingresos medios bajos y bajos.
Un motor que impulsa esa expansión está relacionado con el efecto económico que dicha expansión tiene en quienes cuentan con educación superior. Un egresado universitario en México gana, en promedio (según el campo de estudios), entre 50% y 150% más que alguien que solo terminó el bachillerato. Si además cursa un posgrado, esa ventaja salarial aumenta considerablemente. Este diferencial es superior al promedio de la OCDE. En México, a nivel salarial promedio, no solo se premia la educación; se premia más que en casi cualquier otro país del mundo.
Esta condición está asociada a un aspecto importante que no se puede ignorar: el aún importante rezago salarial de los menores niveles de ingreso, tan notorio que, aun con ese incremento de la expectativa salarial, apenas se alcanzan salarios ligeramente más competitivos, pero, en promedio, aún bajos.
Hoy, la percepción aún no cambia para algunos hogares: el costo inmediato de la educación (en particular la privada) es visible y concreto, mientras que el beneficio futuro es abstracto y distante.
Lo positivo es que la tendencia apunta en la dirección correcta. Entre 2019 y 2024, la tasa de escolaridad terciaria entre jóvenes de 25 a 34 años creció en 5 puntos porcentuales, del 24% al 29%. Es el avance más acelerado que México ha registrado en este indicador y supera el ritmo promedio de la OCDE en el mismo periodo.
En México, el 93% de los nuevos estudiantes universitarios se inscriben en programas de licenciatura de cuatro años; el resto opta por programas de ciclo corto, equivalentes a un técnico superior universitario, mientras que, en promedio, en la OCDE esa proporción es del 22%. Esto es importante porque los programas de ciclo corto son, en muchos países, la puerta de entrada más eficiente al mercado laboral calificado: menos costosos, más rápidos y con un alto retorno para perfiles que, de otra forma, no accederían a la universidad. México prácticamente no los tiene. Esa es una carencia importante de la política pública.
El otro dato que merece atención es la creciente participación de las mujeres en el acceso a la educación superior. Las mujeres ya representan el 53% de los nuevos ingresantes a la educación superior en México y esa proporción seguirá creciendo. Para ellas, el cambio en los retornos salariales esperados es aún más favorable: la diferencia en empleo y salario entre quienes sí tienen y quienes no tienen título universitario es más pronunciada que para los hombres. La educación superior es, para la mujer mexicana, la intervención individual más poderosa en su movilidad económica. Diseñar programas que reconozcan las necesidades específicas de grupos de mujeres (como madres solteras) no solo es un asunto de equidad de género abstracta; es pura eficiencia económica.
La política pública en México no necesita “convencer” a los jóvenes de que la educación vale la pena; debe, en conjunto con la educación privada, ampliar las oportunidades educativas, ampliar la oferta de modelos de educación vocacional dual y fortalecer las capacidades públicas y privadas en áreas de estudio más acordes con el futuro tecnológico que enfrentamos.
Las fuerzas económicas y demográficas están ahí, pero se requiere inversión en infraestructura educativa y en modelos de enseñanza y aprendizaje para generar un impacto estructural en el crecimiento y el bienestar económicos de los hogares.