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Lima/Montevideo/Buenos Aires, 4 nov (EFE).- La primera gira del papa León XIV por América Latina, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y 16 de noviembre, también le llevará al pontífice a encontrarse con heridas aún abiertas por los abusos cometidos por la Iglesia en estos países.
El Vaticano ha anunciado que León XIV se reunirá en los tres países con víctimas de abusos, como es el caso del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en Perú, el país con el que el santo padre está más vinculado por el tiempo que paso en él y que desde el Vaticano ha ayudado a tratar de reparar a las víctimas.
El caso del Sodalicio, que el papa conoce a la perfección, ha sentado un precedente en la manera en que el Vaticano ha enfrentado la investigación canónica por abusos y en las medidas emprendidas, incluida la disolución de esa sociedad y su catalogación como organización sectaria, algo inédito en la Santa Sede.
Fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari, esta sociedad se dedicó a captar a jóvenes de la clase alta peruana para instruirlos bajo un concepción militar de la religión, similar a los Legionarios de Cristo en México, donde buscaban formar a soldados del Señor, y bajo ese contexto hubo abusos físicos, psicológicos y también sexuales, incluidos a menores de edad.
Las denuncias, que superan las 100, también se extienden al ámbito económico, pues campesinos de Catacaos denuncian haber sido despojados de su tierra por la Diócesis de Piura mientras la regentaba el obispo y dirigente del Sodalicio José Antonio Eguren, vecina a la de Chiclayo, donde Robert Prevost ejercía como obispo.
La llegada de Prevost al Vaticano para dirigir el dicasterio de los obispos facilitó el acceso de las víctimas del Sodalicio a Francisco, quien designó al arzobispo de Malta Charles Scicluna y al sacerdote español Jordi Bertomeu como comisarios apostólicos para escuchar las denuncias, determinar responsabilidades, recomendar sanciones y buscar la forma de resarcir a los afectados.
Fue así como Francisco ordenó la supresión del Sodalicio, mientras que León XIV ha ordenado que siga la misión de los comisarios para reparar a las víctimas, tanto de manera moral como económica.
El objetivo es vender las propiedades del Sodalicio para indemnizar a las víctimas, algo a lo que se opone la cúpula de la sociedad, que hasta abril de 2025 reportaba haber indemnizado 98 casos de abusos por un valor de cerca de 6,5 millones de dólares, de ellos 37 por abusos sexuales, entre los que había 17 casos de menores.
Sin que el caso tenga resultados en la justicia ordinaria, son más de un centenar las víctimas que han pedido reunirse con León XIV, al que quieren advertir que su estructura económica continúa activa, entre otras demandas.
En Argentina, más de una docena de familias de Córdoba que denunciaron al sacerdote Alejandro Nicola por abusos sexuales contra menores esperan reunirse con el pontífice para exponer sus reclamos.
También esperan hacerlo las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, donde decenas de menores hipoacúsicos sufrieron abusos entre 2005 y 2016, hechos por los que reclaman sanciones eclesiásticas y transparencia sobre los procesos canónicos.
Igual sucede con las exnumerarias auxiliares argentinas del Opus Dei que denunciaron a integrantes de la organización por trata de personas y reducción a la servidumbre, quienes solicitaron una audiencia con el papa el pasado 15 de septiembre, pero aún no recibieron respuesta, dijo a EFE su abogado, Sebastián Sal.
En cambio, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, una de las principales organizaciones argentinas de víctimas de violencia sexual dentro de la Iglesia, rechazó la visita y aseguró que no tiene intención de reunirse con León XIV. La organización cuestionó que las promesas de "tolerancia cero" no se tradujeron en reparaciones ni sanciones ejemplares.
Y en Uruguay, la Iglesia católica pidió perdón públicamente en 2016 a las víctimas y habilitó una línea para recibir denuncias, con la que terminó reconociendo 44 casos en los últimos 70 años, ninguno llevado a la Justicia por estar prescritos. Cuatro sacerdotes fueron apartados del ministerio.
En 2017, un sacerdote de 55 años fue procesado con prisión por abusar reiteradamente de un joven cuando este tenía entre 14 y 18 años. El cardenal Daniel Sturla dijo que la Iglesia recibió el fallo con "dolor y vergüenza" y reiteró el pedido de perdón a la víctima y a la sociedad uruguaya.